Al mediodía de ayer, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil calificaron de “inaceptable” que –más de 72 horas después de la revuelta del pasado martes– las autoridades no hubiesen definido la condición jurídica de más de 200 personas detenidas durante los disturbios del pasado martes 16 de marzo.
En su pronunciamiento, las organizaciones dejaron sentado su respaldo a las manifestaciones, cuando son pacíficas y apegadas a las leyes y la Constitución.
En ese sentido, hicieron hincapié en que constituye “una flagrante violación a los derechos humanos”, y en particular al derecho a la libertad, mantener a los detenidos por más de 72 horas sin definir su condición jurídica.
Estas críticas fueron apoyadas por el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas; Angélica Maytín, de Transparencia Internacional; Maribel Jaén, de Justicia y Paz: Magaly Castillo de Alianza Ciudadana pro Justicia, y del presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Rodríguez.
Durante la conferencia de prensa se hizo alusión a la solicitud de algunos empresarios, para que se libere a sus colaboradores que no estaban participando en los disturbios en que se enfrentaron violentamente los obreros del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs) y agentes de la policía.
El abogado del Suntracs, Antonio Vargas, interpuso ayer un tercer hábeas corpus en la Corte Suprema para lograr la liberación de los detenidos. El magistrado Víctor Benavides es el ponente de los tres recursos.
El abogado de los obreros informó que entre los detenidos hay 70 personas que están vinculadas al sector de la construcción, pero no pertenecen al Suntracs.
En la tarde de ayer, los corregidores de Bella Vista, Eduardo Palacios, y de Calidonia, Pablo Marenco, esperaban el traslado de los obreros desde el centro penitenciario La Joya para dar trámite a sus casos. El corregidor de Bella Vista tiene 56 expedientes, mientras que el de Calidonia, 166.
Mientras tanto, hoy se reúne el consejo nacional de delegados del Suntracs para definir sus próximas acciones, que incluyen un llamado a huelga de 24 horas en caso de que los obreros detenidos no sean liberados en las próximas horas.
Al cierre de esta edición, nueve obreros –no afiliados al Suntracs– fueron liberados por un juzgado municipal como resultado de un hábeas corpus.