Representantes de la sociedad civil organizada cuestionaron este domingo la posible violación a la libertad de expresión tras retirarse las vallas de la campaña #PelaElOjoPanamá y la discrecionalidad con la que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) manejan las normas electorales.
Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin) considera que la interpretación hecha por los magistrados del TE, para retirar las vallas y afiches publicitarios de la campaña #PelaElOjoPanamá fue demasiada “estricta”.
Explicó que desde el punto de vista de los magistrados, el tema no es tratado como una falta a la veda electoral, sino que interpretan que “nadie que no sea candidato o un partido político va a poder hacerle un reclamo pagado a ningún funcionario que este corriendo para un puesto de elección”, dijo hoy en el programa Debate Abierto, de RPC.
Aseguró que esa postura del TE es una “violación a nuestra libertad de expresión”. En ese sentido, puso de manifiesto, por ejemplo, que si el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) quiere publicar en un periódico, televisión, etc., que un diputado presentó un proyecto de ley que atenta contra los trabajadores, no podrá hacerlo, porque a juicio del TE está prohibido.
Otro que considera que se está violando la libertad de expresión es el abogado Rodrigo Noriega, al plantear que el problema radica en que el TE es “juez y parte”.
“El decide que es propaganda y si tú eres un tercero o no, ahí se viola el debido proceso y por su puesto de paso nuestra libertad de expresión”. Según Rodríguez la propaganda electoral por terceros, no sería problema si la definieran otros actores.
Mientras que Eduardo Quirós, presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información dijo que la libertad de expresión durante los procesos electorales es el derecho más importante para que ese proceso sea realmente democrático. "No solamente el que se cuenten limpia y transparente los votos hace que la elección sea transparente, la libertad de expresión debe prevalecer en todo momento", afirmó .
Continuó diciendo "dicho eso a mi me parecer en ningún momento un ciudadano o grupo de ciudadanos, organizaciones civiles debe tener limitación en poder cuestionar a los servidores públicos”, precisó.
Un poco más allá, el sociólogo Danilo Toro manifestó que el problema de nuestra sociedad es que no hay una relación entre la finalidad de la norma y lo que se termina haciendo socialmente con esta, lo que provoca que haya una “anomia”, que se produce cuando se crean reglas sin educar a la población sobre las mismas.
“Este es el primer pantallazo que hay que ver cuando se crean normas sin educar, sin tomar en consideración derechos con los cuales pueden reñir con otros”, expresó.
Indicó que todo lo antes mencionado también se da porque en Panamá existe la “discrecionalidad”. “Todo está regido por una atmósfera muy grande de discrecionalidad que uno no sabe para que hay ley. La función de la ley es para igualarnos, porque los ciudadanos no nacimos en igualdad…”
Por su parte, el exfiscal electoral Boris Barrios señaló que el TE ha manejado con mucha sabiduría para su propio beneficio las reglamentaciones a la ley, en el cual se está trabajando reglamentando “derechos fundamentales” en base a reglamentos que doctrinalmente, legalmente y filosóficamente no están permitidos.
Mencionó que hay dos cosas en conflicto: la veda electoral, cultura de la legalidad y derechos fundamentales, el derecho a la propia imagen que lleva a preguntarse cuándo podemos excluir el derecho a la propia imagen y decimos que son funcionarios públicos. No obstante, dejó claro que si el Tribunal tomó una decisión que para algunos es “arbitraria”, lo cierto es que los reglamentos que ellos tienen se lo permiten.
En tanto, la abogada Mariela Ledezma es de la tesis de que la medida del TE “afecta derechos fundamentales y de expresión...”. Manifestó que con ello, se está prohibiendo el derecho de opinar.
