Sectores de la sociedad civil instaron a los diputados de la Asamblea Nacional a elegir a un magistrado del Tribunal Electoral (TE) que no tenga ataduras políticas y que actúe con total independencia.
El Legislativo se apresta a designar de entre 25 aspirantes a la persona que reemplazará al magistrado Erasmo Pinilla, y de paso escogerá a su suplente.
Nueve candidatos están inscritos en partidos políticos y al menos uno se señala como ungido del oficialista Partido Panameñista.
Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, afirmó, por ejemplo, que lo ideal sería que el próximo magistrado del TE no sea miembro de una agrupación política para marcar distancias.
Mientras que Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo Panamá, consideró que lo ideal es que se rompa de manera permanente con la tradición de escoger a personas vinculadas a partidos políticos.
En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez pidió a los partidos políticos sacar las manos de la entidad electoral. “No se puede controlar el Estado, controlar a los partidos políticos y además querer controlar el Tribunal Electoral”, dijo.
A la comisión de Credenciales le toca depurar la lista de candidatos.
PIDEN MAGISTRADO DEL TE SIN NEXOS POLÍTICOS
El proceso que sigue la Asamblea Nacional para escoger al reemplazo del magistrado del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla empieza a generar dudas entre sectores de la sociedad civil, pues temen que a escasos dos años y medio de las elecciones generales de 2019 nuevamente resulte favorecido un miembro de un partido político, como históricamente ha ocurrido.
De los 25 aspirantes al cargo de magistrado principal, al menos, 9 están inscritos en partidos políticos (ver tabla). El resto asegura ser independiente.
Otro elemento que inquieta a la sociedad civil es que dentro de los candidatos hay al menos tres funcionarios que laboran como asesores en la Asamblea. Ellos son Neftalí Jaén, quien es asesor de la bancada de Cambio Democrático (CD); Javier Ordinola, asesor en la comisión de Presupuesto; y Arturo Vallarino, exvicepresidente de la República, quien asesora al grupo de diputados disidentes de CD.
Este escenario, según Cristina Torres Ubillús, que también aspira al cargo, los convierte “en inelegibles por Constitución y por ley”. Según Torres Ubillús, el artículo 142 de la Constitución, que regula el proceso, “es claro”.
Parte de la mencionada disposición legal establece que “El Tribunal Electoral tendrá jurisdicción en toda la República y se compondrá de tres magistrados que reunan los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales serán designados, en forma escalonada, para un periodo de diez años así: uno por el Órgano Legislativo, otro por el Órgano Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia, entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora. Para cada principal se nombrará, de la misma forma, un suplente”.
Incluso, el que Alfredo Juncá renunciara al panameñismo y al cargo de director de Asuntos Plenarios de la Asamblea, en medio del proceso de elección, llama la atención de Torres Ubillús. “¿Por qué renunció al cargo? (...) porque saben que es ilegal”, advirtió.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley 5 del 9 de mayo de 2016, que reformó la Ley Orgánica del TE, fija impedimentos para quienes aspiren a estos cargos. Su artículo 15 dice que no podrá ser designado magistrado principal o suplente ninguna persona que forme parte de la autoridad nominadora [en este caso la Asamblea]. También es inelegible el que esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Ejecutivo durante el periodo constitucional en curso, norma que también podría ser aplicable a otro de los aspirantes.
Es el caso del panameñista Olmedo Arrocha, quien labora como asesor del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
A estas observaciones se suma el hecho de que el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino, miembro de CD, pueda ser postulado y elegido en el pleno por su hermana, la diputada Marylín Vallarino, o por su cuñado y suplente de diputado Agustín Sellhorn, ambos de CD.
Vallarino se defendió y dijo que su hermana y cuñado son diputados y tienen todo el derecho de emitir su voto. “Hay otros diputados amigos que me han estado animando, pero por ahora cuento con el voto de ellos dos”, sustentó.
PIDEN TRANSFORMACIÓN
Para Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, no hay duda de que quien sea electo será un miembro de un partido. “Esta selección será un acuerdo entre los partidos que actualmente tienen un pacto en la Asamblea [Partido Panameñista y Partido Revolucionario Democrático]. Cada uno se ha dividido el pastel a su mejor conveniencia”, dijo.
Afirmó que lo ideal sería que el próximo magistrado del TE no surja de un colectivo para marcar distancias y tener un ente electoral remozado y con nuevas ideas.
Por su parte, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, y quien integró la Comisión Nacional de Reformas Electorales, consideró que lo ideal es que se rompa de manera permanente con la tradición de escoger a personas vinculadas con las agrupaciones políticas. “Ya se hizo con el magistrado Heriberto Araúz [nombrado por la Corte Suprema de Justicia en 2012], y sería positivo que la Asamblea diera el ejemplo enviando un mensaje en el sentido de que no por ser este nombramiento una potestad de la Asamblea, debe ser objeto de una componenda política”, dijo.
En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez pidió a los partidos sacar las manos del TE. “No se puede controlar el Estado, a los partidos y querer controlar el Tribunal Electoral. Eso es un absurdo en la ecuación democrática”.
INDEPENDENCIA
El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado, quien era miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) cuando fue designado para este cargo en 1990, indicó que el ser miembro de un partido no es lo que debe generar sospecha.
Lo que debe generar sospecha, dijo, es “la falta de independencia de la persona que sea designada”. “Si es designada porque promete favores a los diputados para que lo nombren, entonces debe generar más sospecha, no el hecho de ser miembro de un partido”, agregó.
ANTECEDENTES
Históricamente, los magistrados del TE han sido nombrados por sus vinculaciones políticas.
En 1990, la entonces Asamblea Legislativa nombró a Márquez Amado, quien era parte del gobernante PDC. Mientras que Dennis Allen Frías, miembro del oficialista Partido Panameñista, fue nombrado por el presidente Guillermo Endara y ratificado por otros 10 años más en 1996 por el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Eduardo Valdés Escoffery, cuyo suegro formaba parte del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), fue designado por el Órgano Judicial.
Valdés Escoffery, quien cumple ya 26 años en el cargo, fue ratificado por la Corte en 1996 por un periodo de 10 años, nombrado una vez más por Martín Torrijos [2006] y recientemente, en 2014, el presidente Juan Carlos Varela lo ratificó en el cargo.
En tanto, Gerardo Solís, que antes de su designación como fiscal electoral era parte del PRD, fue nombrado como magistrado del TE por la Corte en 2006, durante el mandato presidencial del perredista Martín Torrijos.
Mientras que el magistrado saliente Erasmo Pinilla fue designado en este cargo por la propia Asamblea en dos ocasiones, pese a que había sido secretario general del Legislativo.
Pinilla fue designado por la Asamblea el 22 de diciembre de 2006 y su resolución de nombramiento fue publicada en Gaceta Oficial el 2 de enero de 2007. Su periodo vence oficialmente el 2 de enero de 2017.
En tanto, el magistrado Heriberto Araúz, quien laboró durante tres meses en la Dirección de Asesoría Legal del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, en la administración de Ricardo Martinelli, fue nombrado en 2012 por la Corte Suprema.
