La Asociación de Universidades Privadas de Panamá (Auppa) –integrada por 11 universidades particulares– denunció que la Ley 30 del 20 de julio de 2006 viola, en varios de sus artículos, la autonomía universitaria.
Entre los aspectos que la Auppa considera lesivos de la ley –que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria– está la obligación de aportar el 0.1% del monto de su matrícula anual al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá.
Para los miembros de Auppa, con este mandato se abre una puerta para obligarlos a enseñar sus libros cuando “alguien” considere que no están haciendo los aportes debidos.
“Si las universidades del Estado, históricamente, han sido defensoras de la autonomía universitaria, nosotros también somos garantes de este principio”, dijo Rosario Coya Navarro, presidenta de Auppa.
Coya Navarro también explicó que 26 rectores se reunieron en 2008 para realizar un análisis de la norma y poder hacer los aportes que se requerían, pero nunca los tomaron en cuenta.
Los miembros de Auppa indicaron que apoyan las gestiones que se hagan para que en el país se regule la educación superior, pero agregaron que no pueden avalar la forma como se está haciendo.
Otra situación que les preocupa a los miembros de la asociación de universidades privadas es que la “supervisión” solo se aplicará en las universidades privadas, pero no en las oficiales que conformarán la comisión técnica de fiscalización.
La Auppa, mediante un comunicado, solicitó al presidente, Ricardo Martinelli, que no firme el decreto ejecutivo que reglamenta la Ley 30, sin antes darles la oportunidad de realizar sus aportes. Además, indicaron que están pendientes de una reunión con la ministra de Educación, Lucy Molinar.
