Bienes y cuentas bancarias por el orden de $29.2 millones ordenó cautelar el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), a la que el gobierno pasado otorgó el contrato para la ejecución del fallido proyecto de riego de Tonosí.
La misma medida pidió el fiscal para los ejecutivos de esa compañía Juan Francisco Hidalgo y Marco Albán Crespo. La cifra a cautelar es el total de lo que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario entregó en concepto de anticipo a la empresa para realizar los trabajos.
El fiscal también pidió al tribunal cautelar bienes y cuentas bancarias por $16 mil 265 a varios exfuncionarios.
SOLICITAN SECUESTRO DE BIENES
La Fiscalía de Cuentas dio un nuevo paso en las pesquisas por supuestas anomalías en el fallido proyecto de riego de Tonosí y solicitó al Tribunal de Cuentas cautelar bienes muebles e inmuebles, dinero, cuentas bancarias y cajillas de seguridad a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H) y a sus directivos, Juan Francisco Hidalgo y Marco Albán Crespo, por $29.2 millones, suma que el Gobierno les anticipó para la obra.
También pidió secuestrar propiedades y dinero de exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, entre ellos –según información suministrada por allegados a la investigación– Óscar Osorio, exministro de Desarrollo Agropecuario; Francisco Iturralde Shailer, excoordinador de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); Sebastián Peralta Díaz, exinspector de obras del MIDA; Lina Tejera Jurado, exdirectora nacional de Administración y Finanzas del MIDA; y Librada Herrera Ureña, exfiscalizadora de la Contraloría.
A todos se les ordenó la cautelación de $16 mil 265, suma que se desembolsó en concepto de “gastos de manejo no contemplados en el contrato”, según un informe de la Contraloría que cita la Fiscalía de Cuentas.
Esa misma cantidad, $16 mil 265, se cautelará a Víctor Riofrío, gerente de proyecto de la empresa H&H.
En la sustentación que desarrolló la Fiscalía de Cuentas para la petición, recordó que una auditoría de la Contraloría determinó que el MIDA adelantó $29.2 millones a la compañía (incluyendo lo que se descontó de ITBM).
También menciona que de ese total, $22.6 millones “fueron utilizados en propósitos que no se relacionan con el uso establecido para este proyecto”.
Investigaciones del Ministerio Público revelaron que una vez la compañía recibió un anticipo del Gobierno, entregó varios cheques a figuras del círculo cero de Martinelli.
Uno de ellos fue el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, quien en junio de 2015 declaró ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción que cuando recibió su pago –al menos $10 millones– empezó a recibir instrucciones de Martinelli sobre cómo distribuir esos fondos.
“Quiero decirle, señora fiscal, que cuando tuvo lugar el asunto de las instrucciones, me ofendí, y le dije [a Martinelli]: ‘te quedaste con la limosna, la alcancía y el santo’; de ahí me desligué del tema”, declaró Virzi a la fiscal Zuleyka Moore.
En junio de 2015, tras ser imputado por el caso, Virzi consignó en la cuenta del Tesoro Nacional la suma de $5 millones. Hoy tiene una medida cautelar de casa por cárcel.
La Fiscalía de Cuentas, a cargo de Guido Rodríguez, también argumenta que autoridades del MIDA aprobaron el contrato sin la debida planificación. Por ejemplo, no se incluyó un estudio de factibilidad ni se contaba con los terrenos donde se desarrollaría el proyecto, “lo que trajo como consecuencia resistencia de los moradores a la realización del mismo y, finalmente, la suspensión indefinida de la ejecución del contrato por parte del MIDA”.
EL CASO
La solicitud de Rodríguez, está en manos del magistrado Álvaro Visuetti, quien, según fuentes ligadas al caso, ya compulsó copias de la orden de cautelación a bancos locales y al Registro Público.
Hurtado y Albán Crespo fueron detenidos en mayo de 2015 cuando intentaban salir del país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Ocho meses después, el pasado 29 de enero, el magistrado del Segundo Tribunal, Adolfo Mejía, concedió una fianza de excarcelación de $500 mil a Albán Crespo, alegando que la fiscalía culminó la investigación y remitió sus conclusiones, por lo que “no hay peligro de que destruya evidencias”.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió que se llame a juicio a Albán Crespo, a Hurtado y a otras 31 personas por la presunta comisión del delito de peculado.
$143.1 millones en secuestros
Un reporte del Tribunal de Cuentas revela que en 2015 esa entidad tramitó 73 resoluciones de cautelación de bienes inmuebles, muebles y cuentas bancarias por el orden de $143.1 millones, en las que se implicó a 438 personas.
Las solicitudes de mayor cuantía se diligenciaron en marzo, junio, octubre y noviembre.
En marzo, la Fiscalía de Cuentas remitió 13 solicitudes de cautelación por $45.9 millones, en las que se implica a 33 personas; mientras que en junio al despacho de los magistrados del tribunal llegaron cuatro solicitudes de secuestro por $57.6 millones, casos en los que se señala a 84 personas.
La mayoría de los procesos están relacionados con investigaciones por supuestos actos de corrupción, que vinculan a exfuncionarios del gobierno pasado,
a comerciantes y empresarios que pactaron contratos millonarios con el Estado.
