La Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional solicitará al presidente de la República, Ricardo Martinelli, anular el contrato que mantiene el Estado con la empresa Servicios de Tránsito Centroamericano (Sertracen) para la expedición de licencias de conducir.
Dicho contrato fue firmado en el año 2007, durante la administración de Martín Torrijos, y tiene una vigencia de 10 años.
Según Marcos González, presidente de la comisión, tal petición al Ejecutivo se hará porque Setracen ha afectado a muchos usuarios, y retrasado más de 6 mil trámites para la expedición de documentos vehiculares.
“Es incalculable la pérdida que ha causado esta empresa no solo en dinero, sino en tiempo”, aseguró el diputado González, quien afirmó que enviará una misiva al presidente de la República, Ricardo Martinelli, para que realice los correctivos.
El presidente de la Comisión de Transporte dijo que “la incapacidad” de Sertracen –en los trámites vehiculares– fue dada a conocer por los propios jueces de Tránsito y directores de Registro Vehicular, Departamento de Placas y Trámites de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Además mencionó que detectaron “tráfico de influencias” en la selección de Setracen para que prestara este servicio, ya que uno de los dignatario de la empresa, John Cletus Chen, también forma parte de la junta directiva de la ATTT.
En la reunión, donde se adoptó la medida, participaron gremios de transportistas y representantes de Sertracen.
Rafael Reyes, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Taxis de Panamá (SNTTT), se quejó del servicio prestado por Sertracen y resaltó que la empresa no ha mejorado el servicio de expedición de licencias.
“El tiempo nos ha dado la razón, y espero que luego de la investigación se tome una decisión sobre esta empresa, que no presenta síntomas de mejora”, agregó el transportista.
Dionisio Ortega, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), expresó que la ATTT es la que debe tomar cartas en el asunto, después de todo lo que ha pasado con Sertracen. “El Gobierno firmó un contrato. Ahora ellos deben arreglar las anomalías que se cometieron. Al final estos atrasos nos perjudican a nosotros, cuando realizan los operativos”, acotó Ortega.
El presidente de Sertracen, José Alberto Lisaac, se defendió de las acusaciones y respondió que el Estado panameño firmó un contrato con la compañía salvadoreña, por 10 años.
Lisaac negó que haya irregularidades en los trámites, y calificó como “normales” algunos atrasos que se dan en los servicios que prestan.
“Hemos cumplido con todo lo que se nos pide”, indicó el presidente de Sertracen. La reunión en la sede de la ATTT tuvo una duración de casi dos horas.
