Bajo fuertes medidas de seguridad por amenazas de enfrentamientos entre grupos de obreros, ayer entró a deliberar el jurado de conciencia que deberá dictaminar la responsabilidad de cinco acusados de la muerte de Osvaldo Lorenzo, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ocurrida en 2007.
Durante los siete días que ha durado la audiencia, el magistrado presidente Secundino Mendieta ha tenido que reforzar la seguridad en el perímetro del tribunal por temor a que miembros del Suntracs y de un sindicato “amarillo” de trabajadores, al que pertenecen los acusados, sostengan enfrentamientos debido a la presión que han ejercido ambos bandos.
El fiscal cuarto superior, Franklin Amaya, quien hizo un alegato de siete horas, pidió la máxima pena –20 años– para Julio Coronado, Jorge Morgan, Gustavo Santimateo y Rogelio Ramos, argumentando la existencia de pruebas que demostraban que los miembros del Suntracs no tenían armas y que los que dispararon fueron los acusados.
Por el contrario, Amaya pidió sobreseimiento para Miguel Ibarra, un seguridad de la empresa responsable de la obra en Chilibre, donde se suscitaron los hechos.
La fiscalía presentó al jurado videos de los noticieros televisivos de los hechos.
Los abogados querellantes –Rolando Rodríguez y Antonio Vargas– fueron más exigentes y pidieron la condena para los cinco imputados. Mientras que Guillermina McDonald y Aldo Ayala, defensores de los acusados, sustentaron al jurado que nunca se logró acopiar evidencia alguna que implicara a los acusados con esta muerte, por lo que pidieron su absolución.
Durante el desarrollo del juicio, varios de los integrantes del jurado (cinco mujeres y tres hombres) tuvieron que recibir atención médica por cansancio, debido a lo prolongado del proceso.
En la audiencia se presentaron ante el estrado 25 testigos llamados por las partes, y cinco peritos.
