Si los reporteros gráficos y periodistas que cubren las noticias de sucesos supieran que tras sus acciones se esconde un “tecnicismo legal” que puede dejar en libertad a adolescentes asesinos, de seguro actuarían con mayor prudencia.
Y es que en la ley de menores -o Ley 40 de 1999- se esconde una “figurilla” de la que se valen abogados y defensores para tratar de anular -muchas veces con éxito- los procesos por homicidios dolosos y otros delitos graves en los que figuran adolescentes como principales imputados.
No se trata de la intervención única de fotógrafos o periodistas, sino de cualquier persona que declare, diga algo o refiera cualquier tipo de información o asunto que, de acuerdo con el criterio del abogado o defensor, afecte al adolescente imputado. Si ello ocurre, se solicita la nulidad de lo actuado.
Así ocurrió tras el asesinato a manos de menores del fotógrafo de El Siglo Eliécer Santamaría, en abril de 2008, y más recientemente en el trágico homicidio del estudiante Daniel Carrizo, la noche del lunes 8 de marzo.
Y fue precisamente este último caso el que motivó a diferentes personalidades y grupos de la sociedad civil, entre ellos el padre de la víctima, Rolando Carrizo, a integrar la Cruzada por la Paz y a pedir al presidente, Ricardo Martinelli, cambios estructurales que contribuyan a frenar la espiral de violencia que sacude al país.
