Una denuncia por el delito de falso testimonio fue presentada contra los testigos protegidos “Gabriel” y “Uriel”, quienes declararon contra el ex presidente Martín Torrijos en el escándalo por el pago de sobornos para la aprobación del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Ambos testigos declararon que a finales del año 2001, Torrijos les llamó para avisarles que Harry Castro, uno de los ejecutivos del Cemis, les entregaría un “paquete de dinero” para repartir en la bancada perredista. Este hecho, según James Bernard, abogado de Torrijos, es falso.
En su testimonio, “Gabriel” aseguró que Castro le entregó 200 mil dólares en una cajeta “de donde se ponen los sacos marca Belfist, envuelta con un lazo”, en una de las comisiones de la Asamblea. Agregó que le llevó la cajeta al entonces legislador Mateo Castillero. Recordó que Castillero estaba tan nervioso, “que se le cayó la cajeta al piso” y tuvo que pedirle a “Uriel” que le ayudara.
“Uriel” confirmó la versión de “Gabriel”, y agregó que cuando se repartieron los 200 mil dólares en la bancada, sobraron cuatro mil, cantidad que le “devolvieron” al entonces secretario del PRD: Torrijos.
“Gabriel”, en su declaración, aseguró que Tania Franco de Real, entonces secretaria en la Comisión de Drogas, podía confirmar estos hechos.
Sin embargo, de Real le contó al magistrado y fiscal del Cemis, Abel Zamorano, que nunca vio a Castillero con una cajeta en la Comisión de Drogas. Este es uno de los argumentos que utilizó el abogado de Torrijos, James Bernard, en su denuncia por falso testimonio.
La funcionaria, que todavía labora en la Asamblea, declaró que lo único que recuerda en relación al Cemis es que en una ocasión el ex legislador Miguel Bush la envió a buscar un sobre al edificio inteligente, donde estaban las oficinas del Consorcio San Lorenzo, promotor del Cemis.
Según ella, en ese sobre había dinero.
