Ocho recursos legales han impedido en los últimos 10 meses que el expresidente Martín Torrijos rinda declaración indagatoria como supuesto responsable en el pago de sobornos para la aprobación del contrato del Cemis, en 2002.
La orden de indagatoria fue girada el 23 de agosto de 2010 y suspendida en noviembre del mismo año. Desde entonces, la defensa de Torrijos ha interpuesto dos incidentes de nulidad, un recurso de previo y especial pronunciamiento, una advertencia de inconstitucionalidad, un incidente de controversia, un recurso de prescripción de la acción penal, una querella y un amparo de garantías constitucionales.
De esos recursos, los seis primeros fueron presentados ante el ponente del caso Virgilio Trujillo, y los otros dos ante el pleno de la Corte Suprema. Solo uno ha sido resuelto.
Los tres primeros fueron presentados en septiembre de 2010, días después de la designación de Trujillo como ponente. Se trata de un incidente que pretendía anular todo lo actuado por el magistrado Moncada –negado por Trujillo–; un recurso de previo y especial pronunciamiento que advertía sobre un posible doble juzgamiento; y otro de nulidad contra la orden de indagatoria.
Otros tres recursos fueron presentados el 11 de enero (contra la ley que aprobó la salida de Panamá del Parlacen); el 1 de febrero, contra la orden de analizar las cuentas del expresidente; y el 7 de febrero, contra el magistrado fiscal, Abel Zamorano, por tomar decisiones en el caso sin estar facultado.
En mayo pasado fueron presentados los dos últimos: uno de prescripción de la acción penal, y un amparo de garantías para evitar el análisis de las cuentas de la Fundación Omar Torrijos.
James Bernard, abogado de Torrijos, dijo que la demora se debe a que Trujillo no ha resuelto los recursos y que por ello han presentado impulsos procesales todos los meses.
Se intentó conseguir una versión de Trujillo, pero no hubo respuesta.
