La Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) pidió al Ejecutivo "que no dedique más fondos discrecionales para el manejo de diputados", y que se permita a la Contraloría General de la República auditar las partidas que utiliza la Asamblea Nacional para contratar personal.
En un comunicado, la Fundación hace un emplazamiento a la Asamblea para que "obedezca la ley y rinda cuentas ante la Contraloría", y publique toda su ejecución de fondos públicos, según manda la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).
"El país vive una peligrosa crisis institucional que tiene enfrentados al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional, producto del rompimiento de un cuestionable arreglo de gobernabilidad. Hoy sabemos -gracias al periodismo de investigación del diario La Prensa y las propias declaraciones posteriores de diputados y miembros del Ejecutivo- que ese pacto se gestó a fuerza de fondos discrecionales facilitados a los diputados, bajo diversos esquemas cuyo común denominador ha sido el secreto y la opacidad", señala la Fundación.
La organización también se refiere al proyecto de ley 514, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación de empresas condenadas para contratar con el Estado, documento que fue vetado por el presidente, Juan Carlos Varela.
Dicho veto "crea una oportunidad histórica para que la Asamblea actúe con corrección, desistiendo de los artículos oportunistas que se añadieron al proyecto y enviando nuevamente al Ejecutivo el proyecto original".
Les compartimos el más reciente comunicado de @LibertCiudadana sobre el enfrentamiento de los poderes del Estado, gobernabilidad y democracia. pic.twitter.com/eUcz5UGNRI
Esta semana, la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea, presentó un amparo de garantías constitucionales contra una resolución de la Contraloría, que ordena una auditoría a la planilla 080, que utilizan los 71 diputados para contratar a su personal de confianza.
La Ley 32 de 1984 otorga facultades al contralor Federico Humbert para hacerle frente a la negativa de Ábrego, a que se audite la planilla 080, con medidas como suspensión del pago de salarios, remuneraciones o asignaciones.
El artículo 81 de la Ley 32 de 1984 señala que todos los servidores públicos prestarán a la Contraloría la cooperación que esta solicite en el cumplimiento de sus atribuciones. De acuerdo con esa norma, le deben suministrar los informes, documentos, registros y demás elementos de juicio que requiera.De infringir esta ley, el contralor y el subcontralor pueden imponer multas de hasta $100. También impondrán dicha sanción cuando, en el ejercicio de sus funciones, un servidor público o un particular desobedezca sus órdenes.Desde el año 2015, el monto mensual de la planilla 080 (por diputado) se elevó de $4 mil a $30 mil. En ella figuran familiares directos de diputados, activistas políticos, entre otros, que aparecen como promotores comunitarios y deportivos. No se ha revelado qué tipo de trabajo hacen y en qué horario. Este es uno de los motivos por los que la Contraloría pretende hacer una auditoría forense.
