Al menos 12 empresas que facturaron $12 millones en el Programa de Ayuda Nacional, por la venta de bolsas de comida entre 2010 y 2014, fueron disueltas antes de que el Tribunal de Cuentas ordenara el secuestro de sus bienes, cuentas bancarias, aeronaves y cajillas de seguridad que pudiesen estar a su nombre.
Las maniobras de esas 12 firmas –de un total de 39, todas creadas en el quinquenio pasado– se concretaron luego de que la Contraloría las vinculara a la presunta lesión patrimonial de hasta $33.2 millones por irregularidades en dichas compras.
Además, en este caso son señalados 12 exfuncionarios, entre ellos Rafael Guardia Jaén y su exasistente Abrahams Williams.
Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas, restó importancia a la disolución de las sociedades. Sostuvo que, en materia patrimonial, sus representantes legales “son responsables”. Lo cierto es que antes de que fueran disueltas, varios de sus dignatarios también renunciaron.
ORDEN
El Tribunal de Cuentas ordenó el secuestro de bienes inmuebles, aeronaves, cuentas bancarias y cajillas de seguridad hasta una concurrencia de $33.2 millones, los cuales pudieran estar inscritos directa e indirectamente a nombre de 12 exfuncionarios y 39 empresas, por su presunta vinculación con anomalías detectadas en la compra de bolsas de comida que hizo el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado.
La decisión del Tribunal de Cuentas se sustenta en una auditoría del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2014 que realizó la Contraloría General de la República, que concluyó que esas compras se hicieron “sin que mediaran solicitudes que estuvieran relacionadas con el desarrollo de proyectos sociales, desconociéndose el destino final de esos productos”.
Álvaro Visuetti, magistrado del tribunal, remitió un oficio al Registro Público en julio pasado solicitando poner fuera del comercio y a órdenes de ese Tribunal todos los bienes a nombre de 12 exfuncionarios, entre ellos, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, además de 39 compañías proveedoras de la entidad (ver tabla).
“El hecho investigado presenta suficientes indicios de presunta lesión patrimonial y los posibles sujetos de responsabilidad están identificados”, señala el documento firmado por el magistrado Visuetti y que secundó su colega Alberto Cigarruista.
De las 39 empresas que aparecen en la lista, al menos una docena –que facturó en el PAN unos $12 millones– fue disuelta antes de que el tribunal emitiera la orden de embargo, según pudo comprobar este diario.
Incluso, una de ellas –Ravic, S.A.– vendió a un tercero una finca de su propiedad, de siete hectáreas, en la provincia de Coclé, tan solo un mes antes de decretarse las medidas cautelares.
“Que estén disueltas o vigentes no es factor. Hay representantes legales que, en materia patrimonial son responsables”, aseguró el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, quien presentó la petición de medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas para “evitar que las pretensiones del Estado de recuperar su patrimonio resulten ilusorias”.
La Prensa cruzó información en el Registro Público de algunos representantes legales de dichas compañías y comprobó que actualmente tienen terrenos a su nombre sin que medie una nota marginal para evitar un traspaso de esas fincas, como pretende la Fiscalía de Cuentas.
Pero, previendo este tipo de situaciones, la solicitud del tribunal no solo se limita a embargar el patrimonio directo de los procesados, sino que también incluye aquellos bienes relacionados indirectamente, según el oficio que recibió el Registro Público.
Varias de las compañías señaladas por el fiscal Rodríguez giraron cheques a Guardia Jaén, de acuerdo con las pesquisas de la Contraloría.
Por ejemplo, Econobásicos Internacional, S.A. –vinculada al empresario de Penonomé Juan Carlos Marciaga (con medida cautelar de arresto domiciliario)– entregó varios cheques a Guardia Jaén en campaña electoral.
De hecho, Marciaga reveló, al momento de ser indagado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que “entre 2013 y principios de 2014 Guardia Jaén me pedía apoyo para la campaña política y siempre insistía en que le hiciera cheques a empresas que ahora observa dentro de la investigación, las cuales eran cuentas personales de él”.
En total, este empresario entregó a Guardia Jaén, como supuestos aportes de la campaña política, más de medio millón de dólares.
VINCULADOS
Además de Guardia Jaén, la lista elaborada por la Fiscalía de Cuentas solicita incluir bienes muebles de Edwin Serracín Pineda, exjefe de almacenamiento del PAN; Abraham Williams, exasistente de Guardia Jaén, y Miguel Villa Carvajal, exfuncionario del PAN, por citar algunos (ver cuadro completo).
A los exfuncionarios antes citados se les vincula con una presunta lesión patrimonial de $33.2 millones, de acuerdo con la Contraloría.
Otro exfuncionario mencionado en este escándalo es Mario César Vargas, exalmacenista del PAN, quien reconoció que firmaba actas de entrega de bolsas de comida en blanco arguyendo que “cumplía órdenes de Guardia Jaén”.
“Me enviaban las actas con un mensajero y procedía a firmarlas, sin embargo, desconocía el destino final”, declaró Vargas, señalado por supuestamente causar al Estado una lesión de casi $2 millones.
La auditoría de la Contraloría arrojó que “se elaboraron actas de entregas de bolsas con comida, cuyas firmas de los almacenistas de la institución fueron presuntamente alteradas, mientras que en otros casos se indica que fueron elaboradas previamente”.
PREVISIÓN
Una simple búsqueda en el Registro Público revela que Guardia Jaén –recluido en El Renacer– tenía inscrito a su nombre únicamente dos fincas en el distrito de Chame, de unos 5 mil metros cuadrados, las cuales vendió semanas después de las elecciones de mayo de 2014.
En otras palabras, Guardia Jaén no figura con bienes a su nombre que puedan ser embargados, como solicitó la Fiscalía de Cuentas en el proceso de las bolsas de comida compradas por el PAN.
Las propiedades que le ha cautelado el Ministerio Público –unos $20 millones entre cuentas bancarias y bienes inmuebles– corresponden a otros procesos y están a nombre de sociedades anónimas en las que figuran parientes y allegados del exdirector del PAN.
EMPRESARIOS
Además de Marciaga, en la lista figuran compañías relacionadas con Roberto Carretero y Carlos Caneto Araúz, ambos con medida cautelar de arresto domiciliario.
Según la auditoría de la Contraloría, estos empresarios “crearon compañías que se alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones, a fin de desviar los controles existentes en las contrataciones”.
La auditoría destaca, además, que estos empresarios obtuvieron más de $16 millones en órdenes de compra de bolsas de comida, equivalente a casi la mitad del total de la lesión causada al Estado.
A Caneto Araúz le cautelaron $2.5 millones; a Carretero, $1 millón; mientras que a Marciaga, $2 millones de sus cuentas bancarias.
También se concluyó que, por parte de sus compañías, no existen elementos suficientes que acrediten que las bolsas de comida fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información confiable.
Durante el período que comprendió la auditoría –de enero de 2010 a junio de 2014– el PAN giró mil 540 cheques para la compra de estas bolsas, por unos $190 millones.
Sin embargo, el informe de Contraloría solo consideró los cheques autorizados por la gestión de Guardia Jaén entre 2012 y 2014.
