El pasado 7 de marzo, el contralor Federico Humbert anunció que auditaría a la Universidad de Panamá (UP) tras la denuncia por supuestos malos manejos administrativos que interpuso el hoy catedrático suspendido, Miguel Antonio Bernal.
Una vez se inició la revisión, el personal de la Dirección Nacional de Auditoría General de la Contraloría (Dinag) tuvo tropiezos, particularmente al indagar sobre los manejos dados a los fondos que recibe la Fundación Universidad de Panamá.
El Dinag envió varias cartas a la UP remitidas los días 16, 19 y 24 de marzo en las que reiteró la solicitud de información sobre las operaciones relacionadas con el manejo de animales de granja y comercialización de semen a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, las transacciones comerciales realizadas sobre 51 fincas propiedad de la UP.
De igual manera, exigió documentos sobre el manejo de fondos de autogestión, operaciones y transacciones de la Fundación Universidad de Panamá, y los contratos por servicios especiales y consultorías.
Gustavo García de Paredes
Rector
La Fundación de la Universidad de Panamá está constituida desde 1995 durante la primera rectoría de Gustavo García de Paredes.
Su junta directiva está conformada por: Sergei de la Rosa (presidente), Jerónimo Averza (secretario), José Santos (tesorero), Ramiro Abaunza (fiscal), Vasco Duke (vocal), Armando Ábrego (vocal) y Virgilio Vásquez (vocal).
Adicional, los auditores pidieron tres juegos de copias autenticadas relacionadas con “los estudios previos de aceptabilidad de los productos, en cuanto al tema de composición y percepción de los alimentos deshidratados que fueron suministrados a escuelas oficiales durante el período 2010 a 2014.
Luego de la solicitud, el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, le remitió una carta al contralor Humbert, el pasado 7 de abril de 2015, en la que comunica que toda la información pedida por los auditores sería organizada y entregada por conducto de la Vicerrectoría Administrativa, a cargo de Nicolás Jerome.
Después, el 13 de abril, el director general de Asesoría Jurídica de la UP, Luis Alberto Palacios, comunica a todas las vicerrectorías y direcciones de esta entidad universitaria sobre la decisión del rector.
EL CONTRALOR RIPOSTA
Una semana más tarde, el 20 de abril, el contralor Humbert le responde a García de Paredes.
Solicita que es necesario que los auditores se desplacen por las diferentes unidades administrativas y para ello citó el numeral 4 de la Ley 32 del 20 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
La norma establece:“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno. Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley”.
El contralor Humbert calificó los obstáculos de la UP como burocráticos, inusuales, además que hacen más extenso el proceso de investigación de la auditoría.
Sostuvo que los auditores requieren pruebas de cumplimiento de los registros contables en la unidad que los custodia y argumentó que el artículo 31 de la Ley 32 lo permite: “La Contraloría General podrá examinar y revisar los libros de contabilidad, así como las cuentas y documentos relativos a las mismas, de toda organización, sociedad, entidad o dependencia que directa o indirectamente reciba auxilio o subvención pecuniaria de una entidad pública”.
García de Paredes, por su lado, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que lo que ha hecho es establecer controles para entregar de manera correcta la información a la Contraloría.
“Ellos [los auditores] están haciendo su labor. Van, miran lo que quieren, piden lo que quieren, no hay ningún obstáculo en eso. Las notas que nosotros respondemos al contralor pasan por la Vicerrectoría Administrativa, para que haya un punto de salida de las notas que van a la Contraloría”, indicó.
Según el rector, la centralización de la información no impide que ellos investiguen lo que quieran.
“Aquí en este país todo genera suspicacia. Pero toda la información que ellos quieren la buscan y se le está dando”, aseguró García de Paredes, quien ha sido rector de la UP de forma casi ininterrumpida desde hace dos décadas.
Empezó en 1994 y solo estuvo fuera del cargo –no así de la cúpula de la institución– entre 2000 y 2003 cuando Julio Vallarino dirigió la casa de Octavio Méndez Pereira.
‘No me rendiré’: Bernal
Sin calificación se quedarán los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP) que insistan en recibir clases con el catedrático Miguel Antonio Bernal.
Así lo informó Tiburcio Rodríguez, director de la Escuela de Derecho de la facultad, quien detalló que se ha convocado a los cuatro grupos de alumnos que reciben clases de Derecho Constitucional con Bernal para explicarles la situación.
“Los alumnos tienen que decidir: o quieren sus notas o se quedan sin notas”, precisó.
Por su lado, Bernal afirmó que no se rendirá “ante las evidentes arbitrariedades cometidas en este proceso”.
Además, anunció que interpuso un recurso de desacato ante la Corte Suprema de Justicia contra el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, por no obedecer una orden de ese órgano de justicia para suspender temporalmente la resolución del Consejo Académico de la Universidad que lo separó de su puesto durante un período de cinco años
