La existencia de universidades que no cumplen con los requisitos para funcionar como tales y otorgar títulos de estudios superiores, fue formalmente reconocida ayer por la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien advirtió que estos centros serán cerrados y a algunos se les seguirán procesos legales.
Entre las irregularidades encontradas por las autoridades educativas están la expedición de títulos universitarios y la oferta de carreras que no tienen el aval de la Universidad de Panamá, además del funcionamiento de estas instituciones en locales inadecuados.
Molinar, quien también preside el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneupa), aseguró que son más de cinco los centros educativos superiores que presentaban una o más irregularidades de las previamente citadas. Sin embargo, no proporcionó los nombres de los centros señalados.
No obstante, este diario conoció que entre los centros de enseñanza superior bajo la lupa del Coneupa están la Universidad de La Paz, Universidad San Martín, International University, Universidad Metropolitana de Panamá, Universidad Técnicas de la Comunicación y la Universidad Internacional de Comercio y Educación.
El Coneupa aprobó de forma unánime, el pasado 6 de junio, aplicar sanciones a las universidades particulares que no cumplan con lo establecido en la Ley 30 del 20 de julio de 2006, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación.
La decisión fue adoptada luego de revisar los informes técnicos realizados por la Comisión Técnica de Fiscalización (CTF) (formada por las universidades oficiales del país).
El presidente de la Asociación de Universidades Privadas –que aglutina nueve centros educativos superiores–, Ricauter Martínez, señaló que el cierre de universidades es un hecho muy serio para la imagen de un país.
“Si existen universidades o más bien permisos de funcionamiento que deben ser revocados, es porque se trata de universidades que nunca han funcionado desde que recibieron su decreto o resolución como centro de enseñanza superior ”, dijo.
Agregó que si obtuvieron el permiso de funcionamiento, es porque en un principio cumplieron con los requisitos que exigía la ley en ese momento.
Martínez indica que cualquier universidad que sea sancionada con una medida de cierre, es porque ha incurrido en faltas graves o no se adecuó a las exigencias de una educación de calidad y, “en esos casos, apoyamos la decisión”.
Es más, en marzo pasado, Martínez dijo a este medio que Panamá tiene 12 años de atraso en el proceso de evaluación y acreditación de las universidades.
