El 9 de mayo de 2008, Marx Norambuena y otros estudiantes de la Universidad de Panamá salieron a protestar por el aumento en el costo de los alimentos y, como era usual, la jornada se tornó violenta.
En la refriega, los alumnos arrojaron piedras a los policías y estos, a su vez, respondían con bombas lacrimógenas y perdigones.
De pronto, en medio del “toma y daca”, se oyó un estruendo y luego los gritos desgarradores de Norambuena –entonces de 18 años– quien había sido herido al estallarle un artefacto “una caja de resonancia”, según advirtió después la familia del chico– en el brazo izquierdo.
Días después, mientras Norambuena se recuperaba en el Hospital Santo Tomás, se generó una controversia acerca del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional (PN), lo que se repite hoy tras los disturbios en Bocas del Toro.
Y, como en 2008, las autoridades han dicho que los eventos serán investigados. El fiscal primero de circuito de Bocas del Toro, Ernesto Silva, anunció una investigación por la posible comisión de hechos punibles, y el subdirector de la PN, Eduardo Serracín, hizo lo propio en el plano administrativo.
Para Roberto Eisenmann, fundador de La Prensa, los disparos de perdigones al rostro que se vieron en Bocas del Toro, con saldo de por lo menos 50 personas heridas en los ojos, demuestran un cambio de orden o un giro en los protocolos de la fuerza pública.
El sindicato de las bananeras y agrupaciones indígenas, por su parte, lo han definido como un claro “abuso de autoridad”.
Pero, ¿qué dicen las normas en cuanto a esos protocolos, o lo que legalmente se conoce como “el uso de la fuerza letal y no letal”?
