A la empresa Inmobiliaria P&P, del empresario Carlos Pasco, el panorama se le despeja para concluir su proyecto residencial en un terreno colindante con el Parque Nacional Camino de Cruces.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la Resolución Nº 01-04 de 8 de enero de 2004 de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), mediante la cual adjudicaba a la empresa el lote Nº CL-35, adyacente al Parque Nacional Camino de Cruces.
La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, se da en respuesta a una demanda de ilegalidad que presentó Carlos Varela en representación de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton.
El fallo de los magistrados Winston Spadafora y Alejandro Moncada Luna, además de Benavides, se sustenta en un informe de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) que determinó que el lote no forma parte del Parque Nacional Camino de Cruces.
Con el fallo de los magistrados se levantó la medida de suspensión provisional que había en contra de la resolución dictada por la Sala Tercera, al admitir la demanda.
En 2003, la ARI adjudicó el lote denominado CL 35 a la empresa, que buscaba desarrollar un proyecto urbanístico.
En septiembre de 2004 Varela presentó la demanda en contra de la resolución alegando que parte del lote vendido estaba ubicado en los linderos del área protegida.
De hecho, la Anam certificó que el lote CL-35 traslapaba los límites del parque. Pero luego la Anam varió la información y certificó que el lote estaba fuera de los límites del área protegida.
Las preocupaciones de los residentes y los ambientalistas también se centraron en que en la entrada del lote se encuentra un pedazo del Camino de Cruces, un sendero empedrado que utilizaron los españoles hace más de 400 años para transportar oro desde la costa del Pacífico hasta el lado atlántico, con destino a España.
Un comunicado de la Corte señala que los magistrados “se encuentran impedidos de valorar cualquier especulación que al efecto se haga, sin pruebas concretas, atendiendo además la presunción de legalidad de que goza la resolución demandada”. “Aunque no conocemos todavía el fallo en sí, debemos reconocer que nos entristece dicho resultado, sin embargo somos respetuosos de las instituciones judiciales”, dijo Varela.
No obstante, aún quedan otras demandas por resolver en contra de la venta del lote y en contra de los cambios de zonificación que realizó el Ministerio de Vivienda, que permitían la urbanización de zonas boscosas en las áreas canaleras.
