Yanibel Ábrego promete revisar procesos de votación para evitar otros camarones legislativos

Yanibel Ábrego promete revisar procesos de votación para evitar otros camarones legislativos


La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, se comprometió a revisar –junto al equipo legal y la secretaría general– el procedimiento de votación en el pleno del Legislativo. Esto, con la finalidad de tomar acciones para que no se repitan situaciones como la ocurrida el pasado 18 y 19 de abril, cuando el pleno de la Asamblea aprobó en segundo y tercer debate la derogatoria del contrato ley pactado en 2015 entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa PSA Panama International Terminal para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman, lo que ha sido calificado como un "camarón legislativo".

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Varela: derogación de contrato atenta contra seguridad jurídicaGremios catalogan como atentado a la seguridad jurídica cancelación de contrato

Y es que dicha derogatoria fue incluida en un artículo del proyecto de ley 53, sobre la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales, propuesto por el diputado Iván Picota (Partido Revolucionario Democrático). El proyecto de Picota no incluía nada vinculado a PSA.

Lea aquí: Asamblea Nacional aprueba derogar contrato portuario

Este "camarón legislativo" ha sido catalogado por diversos sectores como un atentado contra la seguridad jurídica del país.

Incluso, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, comentó que "revocar un contrato ley después de 3 años de vigencia que conllevó una inversión extranjera de $800 millones y la generación de miles de empleos, es atentar contra la seguridad jurídica y económica del país atacando una obra de infraestructura que abastece al comercio marítimo".

Sobre las reacciones en torno a este tema, la diputada Ábrego escribió en su cuenta de Twitter que "jamás atentaría contra la seguridad jurídica. Asumo la responsabilidad que se haya aprobado tan inconveniente propuesta por parte de la mayoría absoluta con diputados de todas las bancadas".

La derogatoria del contrato ley de PSA fue propuesta por el diputado perredista Roberto Ayala, durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 53.

Ábrego recordó que todos los diputados pueden hacer propuestas que, por norma, ella revisa con los asesores, pero "tratándose de un proyecto tan noble, no advertí esa última propuesta de modificación".

"Una vez sea devuelto, se subsanará porque se trata de una ley noble del clamor ciudadano que busca garantizar el descanso y la seguridad en nuestros barrios, al poner un alto a la proliferación de la venta de licor en zonas residenciales", señaló la diputada de Cambio Democrático. 

 

Jamás atentaría contra la seguridad jurídica. Asumo la responsabilidad que se haya aprobado tan inconveniente propuesta por parte de la mayoría absoluta con diputados de todas las bancadas.

Igualmente, junto al equipo legal y la Secretaría General, revisaremos el procedimiento de votación plenaria para tomar acciones que garanticen que esto no vuelva a ocurrir en el futuro.

El contrato fue firmado el 28 de octubre de 2014 por el entonces director de la AMP, Roberto Linares, y el apoderado de PSA Panama International Terminal, Robert Ahern; fue aprobado por la Asamblea el 28 de enero de 2015.

El 10 de febrero de ese año, fue sancionado por el presidente Varela y se convirtió en la Ley 2 de 2015.

 

Los @panamenistas promovimos y apoyamos el contrato Ley del Estado con PSA en el 2015. La inversión ha sido de +$600Millones y la creación de cientos de empleos. El camarón fue introducido por un HD del PRD de una forma inusual para que los presentes no se dieran cuenta.

El proyecto de expansión en el Puerto de Rodman es una de las obras mas importantes para el área logística y de servicios del país. Derogar el Contrato Ley es una falta contra la seguridad jurídica de las inversiones y a la sostenibilidad de miles de trabajadores.

El Puerto PSA de Rodman está en plena etapa de expansión, con una inversión de más de 750 millones; que la Asamblea Nacional derogue el Contrato Ley es un atentado contra la seguridad jurídica de las inversiones y a la sostenibilidad de más de mil trabajadores. Es inaceptable.

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