El número de imputados en la investigación que se le sigue al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y a otras 13 personas por supuesto blanqueo de capitales podría aumentar en los próximos días.
Fuentes ligadas a estas pesquisas informaron que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada analiza tomarle declaración indagatoria a Enrique Pretelt Araúz, yerno del ex mandatario, antes del próximo 28 de diciembre.
Según se informó, esta decisión se tomará basada en el numeral 7 de la resolución de ampliación que sobre este caso ordenó el pasado 25 de noviembre el juez noveno penal, Diego Fernández.
Según este punto, Pretelt aparece como dignatario de varias sociedades investigadas, así como firmante de cuentas bancarias a nombre de varias sociedades, que, según un informe de auditoría preparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), tienen relación con transferencias de dinero de Lucky Games, S.A., empresa que en el gobierno de Pérez Balladares obtuvo una concesión directa para operar salas de máquinas tragamonedas.
El mismo informe del Imelcf identificó a Pretelt como “accionista” de Lucky Games, “en conjunto con Roosevelt Thayer, ya que los mismos forman parte de la sociedad Gaming and Service, los cuales poseen en conjunto el 30% del capital accionario de dicha sociedad”.
“Este juzgador facultará a la Agencia de Instrucción, que de surgir elementos de pruebas que lo vinculen [a Pretelt] al delito investigado, se le formulen los cargos correspondientes teniendo en cuenta las garantías constitucionales”, recalcó el juez Fernández en su resolución del 25 de noviembre pasado.
Thayer, que fue ministro de Vivienda de Pérez Balladares, ya aparece como imputado en la investigación por supuesto blanqueo.
También se conoció que la fiscalía podría formularle cargos a una mujer, cuyo nombre y generales no fueron dados a conocer, quien habría recibido varios cheques girados por Shelf Holding Inc., una de las sociedades investigadas.
Esta última diligencia judicial se fundamenta en el punto 17 de la resolución de ampliación, que ordenó investigar depósitos y desembolsos por 23.2 millones de dólares.
