La evolución del caso Odebrecht marcó un avance “sustancial” en la lucha contra la corrupción en Panamá. En base a como se ha ido desarrollando este caso en el país, así como los pasos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la ley sobre conflicto de intereses, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice de CCC) evaluó a Panamá.
En el informe, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y el Control Risks, Panamá pasó en 2022, del puesto 9 entre 15 países evaluados a ubicarse en el sexto lugar en lo que va de 2023. El país obtuvo una puntuación general 5.39 sobre 10, mientras que en el 2022 fue calificado con 4.96 y en 2021 con 4.55.
Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos actuar judicialmente contra corruptos. Es el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, que ocupan los primeros lugares del ranking del Índice de CCC.
La mayor parte de los avances, según el estudio, se registraron en la categoría de capacidad jurídica. “Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal”, destaca el Índice de CCC, que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
En la variable de capacidad jurídica se evaluó, por ejemplo, la independencia y eficiencia judicial que obtuvo una puntuación de 4.54, la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción que fue evaluada con 5.00 y la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación que fue calificada con 5.67
Caso Odebrecht
El empuje para que hubiese mejora en la “capacidad jurídica del país”, que llevaron a Panamá a pasar de una puntuación de “modestas mejoras” en 2022 a una “mejora sustancial” en lo que va de 2023, lo dio la audiencia preliminar del caso Odebrecht, caso que se espera se concluya en agosto próximo.
En ese sentido, el informe dice que “a lo largo del último año, Panamá vio mejoras en variables cruciales que evalúan los organismos anticorrupción y la fiscalía general”.
Agrega que “investigaciones contra expresidentes por presunta corrupción han avanzado—Una jueza llamó a juicio a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capitales relacionado a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. (Varela y Martinelli han negado haber actuado indebidamente). En enero Estados Unidos señaló a Martinelli por “participación en corrupción significativa” por aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales mientras era presidente, y concluyó en junio de 2023 un juicio a Martinelli y otras 14 personas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business—Martinelli negó haber actuado indebidamente”.
En julio de 2022, las autoridades pusieron en marcha la lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht, que constaba de 810 páginas (931, si se cuentan los anexos) en la audiencia preliminar.
En este caso, se encuentran imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
En noviembre de 2022, la jueza de causa penal Baloisa Marquínez Marquínez resolvió abrir causa penal contra 35 personas imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. Mediante Auto Mixto No. 09, con fecha 7 de noviembre de 2022, la juzgadora también sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a 1 ciudadana por el delito de Blanqueo de Capitales; y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunos de los imputados.
La audiencia para culminar este caso está programada para el próximo mes de agosto.
El Gafi y la Ley 316
En el estudio también se evaluó las acciones de Panamá para responder al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de vigilar el lavado de activos y financiación del terrorismo. No obstante, señala que, a pesar de las medidas de Panamá encaminadas a cumplir el plan de acción del GAFI, como el desarrollo de un registro de beneficiarios finales, según la Gafi, el país seguirá en la lista emitida por la Unión Europea de los países no cooperantes en el ámbito fiscal hasta que no “complete el plan antes de junio de 2023″.
El Índice de CCC también analizó la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, sobre conflicto de interés en la administración pública, la cual entró a regir en febrero pasado. La norma obliga a los altos cargos del gobierno, incluyendo a diputados a declarar los conflictos de intereses en declaraciones juradas. También ve con buenos ojos el decreto avalado por la administración del presidente Laurentino Cortizo, que crea una Comisión Ciudadana contra la Corrupción.
Sin embargo, el estudio deja claro que la corrupción sigue siendo un reto de primer orden en toda América Latina, dado que casi el 70% de los participantes—importantes especialistas en anticorrupción—en la encuesta realizada por el Índice CCC coincidieron en que es una “de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país”.
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