Después de 36 días de instalada la mesa única de Penonomé y de varios llamados de la Iglesia católica a entrar a una segunda fase de este diálogo, los grupos sociales y el Ejecutivo aún no ponen las reglas en blanco y negro sobre cómo pasarán a una nueva fase, con otros actores de la vida nacional que han pedido ser incluidos.
Los sectores sociales han insistido en la necesidad de agotar puntos pendientes de la agenda de los siete temas abordados, especialmente canasta básica y Caja de Seguro Social. Pastor Falconett, de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, por ejemplo, mostró su recelo por la entrada de nuevos actores, señalando que este escenario es apenas una “posibilidad”.
El diálogo sesionó el miércoles pasado, sin la presencia del Bastión del Oriente Chiricano, que se levantó de la mesa por 72 horas desde el pasado domingo, alegando presuntos incumplimientos en los acuerdos sobre la canasta básica.
Este jueves 25 de agosto regresaron a las negociaciones, pero con nuevas propuestas sobre el punto 1 de la agenda que se discutió hace un mes, relativas a la canasta básica. Plantean tiendas permanentes en la comarca, con los 72 productos regulados. También el sindicalista Saúl Méndez propuso que se ponga en un decreto que los 72 productos deben estar en todos los supermercados a nivel nacional. Al cierre de esta edición, se discutían estos temas con la respuesta del Gobierno.
En tanto, los representantes de las 150 organizaciones aglutinadas en la denominada Gran Alianza por Panamá, esperan ser llamados para la constitución de una “mesa nacional”, pues argumentan que el diálogo de Penonomé “no representa a la mayoría del país”.
Las vueltas del diálogo
El sábado 13 de agosto, el equipo de la Iglesia católica recalcó la necesidad de que el diálogo que se desarrolla en Penonomé, Coclé, entrara a una segunda fase y, de paso, anunció que su rol de “facilitador” sería ahora de “observador”.
Trece días después, todo sigue igual.
El miércoles 24 agosto, la Iglesia, todavía en su rol de facilitador, insistió en que corresponde cerrar la fase uno de la mesa única del denominado “diálogo por Panamá”, para empezar a establecer la metodología para la segunda parte, en la cual se debe integrar a otros actores del país.
“Esto no se puede prolongar eternamente”, declaró el arzobispo José Domingo Ulloa, al reanudar las sesiones del miércoles a las 7:34 p.m., luego de un receso declarado el pasado domingo.
“Aquí no nos vamos a quedar hasta septiembre, octubre o noviembre”, remarcó Ulloa, quien reprochó que, desde que se instaló la mesa del diálogo, el pasado 21 de julio, “cada uno cogemos nuestro minuto de gloria y queremos exponer muchas cosas que no van al grano de lo que tenemos que hacer... Pero la gente espera cosas muy concretas para buscar soluciones a esta realidad que vive el pueblo”.
Y es que la mesa ya ha agotado siete temas: canasta básica, combustible, energía, educación, medicamentos, Caja de Seguro Social (CSS) y corrupción. El punto ocho de la agenda pactada entre los tres grupos sociales y el Ejecutivo, es la creación de una mesa temática y de seguimiento de los acuerdos pactados, que daría paso a la segunda etapa del diálogo.
Pero, a la fecha, la mesa sigue dando vueltas en temas que ya han sido abordados. Se trata de canasta básica y la Caja del Seguro Social. Los representantes de los tres grupos sociales –Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos– consideran que se debe agotar la revisión de puntos pendientes de estos dos temas. Señalan que en lo que respecta a canasta básica, el Gobierno ha incumplido los acuerdos. Tampoco han alcanzado consenso para crear una mesa única para atender el tema de la CSS. Por su parte, los voceros del Ejecutivo aseguran que están cumpliendo las exigencias de la mesa y, en algunos casos, han reconocido sus fallas.
Cada vez que la Iglesia católica hace un llamado a la mesa para que concreten las propuestas y señala que se requiere ir a la segunda fase, los grupos sociales se estremecen. Y en algunas ocasiones, llegan los anuncios de posibles acciones en las calles. El miércoles pasado no fue la excepción. Hablaron de que se pretendía romper el diálogo; incluso, uno de los representantes de la Alianza Pueblo Unido Por la Vida dijo al Ejecutivo que si piensan que se van a quedar de brazos cruzados ante el incumplimiento de los acuerdos, están “muy, muy equivocados”.
Mientras, el rector de la Universidad Santa María la Antigua, Francisco Blanco, quien forma parte del equipo facilitador y observador, aclaró que no se está pidiendo finalizar el diálogo, sino pasar a la segunda fase del mismo, como se había planteado desde que se instaló la mesa única, en el centro Cristo Sembrador en Penonomé.
“Ya lo hemos hablado: la necesidad de ir cerrando este ciclo, precisamente, son estas jornadas para organizarnos y crear esas comisiones para dar seguimiento de los acuerdos”, indicó.
Todo esto se dio en medio de la salida de la mesa de los grupos indígenas, quienes el pasado domingo 21 de agosto dieron un ultimátum de 72 horas para que el Gobierno cumpliera con los acuerdos sobre la canasta básica.
Mientras tanto, la Gran Alianza Nacional Por Panamá, que aglutina 150 organizaciones de los sectores productivos, comerciales, cívicos y empresariales, aguarda la convocatoria a una “mesa nacional”, donde se incluya a todos los sectores del país. Este grupo considera que “el método que se está siguiendo en la actualidad” –en la mesa que sesiona en Penonomé– “no representa a la mayoría del país”
Precisamente, Pastor Falconett, del grupo de Anadepo, reaccionó al pronunciamiento de la Gran Alianza por Panamá, señalando que la participación de estos sectores es “una posibilidad”, que aún no se ha definido en la mesa de diálogo. Además, señaló que entre sus integrantes hay grupos que buscan impedir que se cumplan los acuerdos del diálogo.
Ayer jueves 25 de agosto, la mesa retomó las conversaciones casi a las 11:00 a.m., a la que se sumaron los grupos indígenas. Allí, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, leyó un informe de lo que está haciendo el Gobierno en el tema de la canasta básica con los “productos Panamá” y las agroferias.
Los grupos sociales anunciaron que el próximo miércoles van a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, por el presunto desabastecimiento del arroz.
El Bastión del Oriente Chiricano presentó nuevas propuestas sobre el tema de la canasta básica, que incluyen el establecimiento de mercados permanentes en la comarcas, así como políticas públicas que acompañen la regulación de precios. También habló de la eliminación del subsidio a los partidos políticos y la necesidad de que se derogue, en la Asamblea Nacional, la ley de incentivos turísticos.
Al cierre de esta edición, dirigentes indígenas, molestos, reclamaban a sus compañeros de las alianzas la aparición de un video en el que se les acusaba de estar siendo manipulados por el Gobierno.
