Una descarada bribonada. A eso se resume la iniciativa del Ejecutivo y su cómplice Antai para derogar y modificar la ley de transparencia, una ley que puede modernizarse, sí, pero que los funcionarios, que de por sí la violan a diario, quieren destruir para blindarse aún más.
Ellos nunca publicaron el proyecto que querían pasar para que la gente opinara de los cambios. Solo pidieron opiniones de cómo podía mejorarse la ley actual de transparencia. Así, tema libre y abierto. Además, lo hicieron arrancando 2020, en plena pandemia… y por correo, lo que excluye a miles de panameños que no tienen internet. Y nadie sabe si lo que ahora presentaron es lo que la gente opinó o lo que ellos quisieron poner. Lo que mal empieza…
Con el nuevo proyecto los funcionarios se lavan las manos. Ya no tendrán que divulgar la información pública que manejan. Ahora se inventan una nueva unidad administrativa de transparencia para cada entidad, con funcionarios a cargo de las solicitudes de información que responden a ellos. Chivos expiatorios que alimentarán la obesa burocracia y demorarán aún más los procesos.
La ley actual establece sanciones para los funcionarios que incumplen la ley que van desde la suspensión de medio salario hasta la destitución del cargo. Ahora, la sanción máxima será la suspensión del medio salario. O sea, la sanción mínima pasa a ser la sanción máxima. ¿Qué tal?
Pero eso no es todo. Hoy, si a un funcionario no le da la gana de dar una información pública, el ciudadano puede recurrir a un habeas data que resuelve el Judicial. Con el cambio, Antai tomará la decisión. O sea, una entidad del Ejecutivo va a decidir si ese mismo Ejecutivo entrega información o no. ¿Conflicto de intereses? ¿Qué es eso? Y además podrá impartir órdenes al Legislativo y al Judicial. O sea, vamos a convertir una entidad de por sí entregada al Ejecutivo, en una súper entidad que administra justicia. No olvidemos que el director de Antai entra y sale con el equipo del presidente. O sea, responde a él. ¿Qué imparcialidad y qué independencia garantizará eso? Elsa Fernández se ha prestado para que no recibamos información de Ampyme, de las planillas de la Asamblea, del Ifarhu… Y prohibió publicar fotos de Benicio dizque porque eran datos personales. Entonces ahora la vamos a empoderar para que decida qué información merecemos recibir. Qué belleza.
Y hay más. La ley actual permite a 10 entidades reservar información durante los procesos de investigación. Pero cuando acaban los procesos, salvo en casos menores y vida íntima, la información pasa a ser pública. Bueno, ahora ya no son 10 entidades. Son todas las que pueden restringir la información, incluso cuando ya se hayan cerrado los procesos. Y no solo los procesos de investigación: los penales, civiles... todos. Así que no sabremos qué procesos hay andando ni cómo fueron resueltos.
Para colmo esto lo discuten a la vez que el contrato minero, con el que los gobiernos locales recibirán un montón de plata que manejarán a sus anchas. Y lo hacen en campaña, cuando ya vimos cómo usan sin asco nuestros impuestos para financiar sus campañas. Esto es una inmunidad obscena y un blindaje a priori para seguir haciendo lo que les place, ahora con el presupuesto más alto de la historia de este país. Un traje a la medida de su opacidad y ajustado a su urgencia de ocultar información.
Esto no solo debe importar a periodistas. No olvidemos que es gracias a esta ley que conocemos las planillas, los contratos a la medida, los cupos de taxi y otro montón de escándalos.
Nito Cortizo, en su afán de ganar como fuera, firmó el reto por la transparencia y lo incluyo en su plan de gobierno. Prometió reformar la ley de Antai, cosa que no hizo, y cumplir con la ley de transparencia… que tampoco hizo. Ahí está la piñata de los auxilios económicos, donde el gobierno decidió que el nombre y la cédula de los beneficiarios de dineros públicos eran datos privados; la descentralización paralela, las actas secretas del gabinete y otras directivas… De hecho, ahora el contralor decide, sin ninguna responsabilidad, qué se audita y qué no. Y ya lo dijo el magistrado Cigarruista, del Tribunal de Cuentas: a falta de auditorías, no están pudiendo investigar. Imagínense si no hubiera prometido Don Nito hacer las cosas bien.
Otra vez, a quienes nos toca no comernos el cuento barato de los candidatos es a nosotros. Indaguemos, comprometámoslos a asumir posiciones de temas incómodos... Como siempre, solo de nosotros depende que esto cambie. Porque como vamos, vamos mal.
