¿Cómo se le explica al mundo que la abogada de Cholo Chorrillo y de Ricardo Martinelli es la presidenta de la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea? La elección de Shirley Castañeda es una obscenidad. Sencillamente, un insulto a la ciudadanía y un golpe bajo al Estado de Derecho que nos queda.
Entendamos la importancia de esa comisión. Además de tener en sus manos la decisión de ratificar o planchar los más de 200 nombramientos hechos por el presidente Mulino, esa es la comisión que puede sentar en el banquillo de los acusados a los magistrados de la Corte y al presidente de la República. Ah, y donde se dicta la pauta sobre el reglamento interno.
¿Y a quién eligieron? A Shirley Castañeda, abogada de Ricardo Martinelli, de Cholo Chorrillo, condenado por blanqueo y extraditado a EU, y de otros de los presos de Punta Coco, donde están los criminales más peligrosos del país. Ella en su perfil de X dice, de primero, abogada del expresidente Martinelli. Luego dice directiva de RM, y luego directora nacional de ese partido, y por último, diputada. Esas son sus prioridades.
¿Quién la eligió? Los partidos tradicionales: Benicio Robinson, Jairo Bolota Salazar, Jessica Romero, Edwin Vergara, Nelson Jackson y pues ella misma. RM, PRD, CD y el panameñismo, que volvieron a salirse con la suya desconociendo y burlando el mensaje que mandó la ciudadanía el 5 de mayo. De hecho, es aún peor porque Jessica Romero y Edwin Vergara hacen historia convirtiéndose en los primeros diputados en rechazar la presidencia de una comisión. Y qué comisión. Y eso lo digo porque los diputados de Vamos, para que Shirley Castañeda no quedara, les propusieron conseguirles los votos para poner a uno de los dos como presidente. Y ni así. ¿Dónde está el panameñismo? ¿Cómo dejan en libertad a sus diputados para que voten como quieran (o como Popi quiera) en algo tan trascendental? Se opusieron a Martinelli y ahora votan por su abogada. Todo mal.
¿Y por qué esto es tan grave? Uno, porque la defensa de Martinelli anunció abiertamente que después del 1 de julio se encargarían de hacer justicia. ¿Y qué es justicia para ellos? Que Martinelli salga libre, a como dé lugar y presentando todos los recursos existentes. Abiertamente lo dijeron. La propia Castañeda anunció el 23 de enero una querella penal contra la presidenta de la Corte. Querella que ahora a ella misma le tocará tramitar y analizar. El 9 de febrero salió quejándose de la dictadura civil y judicial contra Martinelli. El 17 de febrero se quejó por la intervención y el hostigamiento policial en los predios de la embajada de Nicaragua. Solo por poner tres ejemplos.
¿Por qué es grave? Porque Bolota, que además de todo es pareja de Jessica Canto, otra de las abogadas de Martinelli, salió gritando “libertad para Martinelli” y que Castañeda era una mujer que iba a enrumbar la justicia. Enrumbar para dónde, es la pregunta. Y todo esto, frente a los asistentes en primera fila: la esposa y los hijos de Martinelli, condenados en EU por blanquear dinero para el papá. Que además tienen casos, adivinen dónde, en la Corte. Y se sientan a dos sillas de la presidenta de la Corte aplaudiendo a quien puede juzgarla. Los mensajes son gravísimos.
Tres. Porque Castañeda tiene casos en la Corte, y ahora preside la comisión que le toca investigar y sancionar a los magistrados. Un abierto conflicto de interés.
Cuatro. Porque nada impide que cualquier abogado del equipo legal de Martinelli u otro abogado “amigo” de esos que a cada rato se sacan de la manga, presente una denuncia contra un magistrado de la Corte. Nada impide que con los mismos votos que la pusieron como presidenta, decidan suspender a ese magistrado mientras lo investigan por el tiempo que se les antoje. Y nada impide que en ese tiempo esos mismos abogados metan un recurso que obligue al pleno a pronunciarse. Eso se presta para manipular la justicia.
Lo mismo con Mulino. No les gusta algo, los incomoda, se pelean abiertamente Martinelli y Mulino, y le abren su juicio a Mulino.
Eso golpea la institucionalidad. Aunque no lo hagan, se sabe que pueden hacerlo y que ganas no les faltan. Y eso produce incertidumbre y miedo entre los magistrados. El efecto, como sea, es fatal. Fuera de que va contra la imagen de estabilidad política y jurídica que ha querido proyectar Mulino aquí y afuera.
Y no se nos olvide. Cualquier desestabilización del Órgano Judicial pudiera afectar nuestras calificaciones internacionales y nuestra permanencia en las listas oscuras.
La pregunta es por qué esto está pasando. Está pasando porque los panameños volvimos a votar mal. ¿Querían RM? Ahí está. Y de nuevo: ¿quién tiene el poder? ¿Mulino o Martinelli?
