La población meta para el Programa de Retiro Voluntario que reglamentó la Presidencia de la República esta semana es de entre 35 mil y 40 mil funcionarios.
Si bien el programa no está limitado a servidores públicos en edad de jubilación, el Ejecutivo apuesta a esta población como la más probable a acogerse al programa.
Este plan es la principal apuesta del Ejecutivo para lograr la disminución del 10% de la planilla estatal que anunció el presidente Laurentino Cortizo como medida de contención del gasto público en julio pasado, en respuesta a la crisis social que vive el país.
Las entidades estarán a cargo de la divulgación del programa a lo interno de cada institución y deberán recopilar las solicitudes.
Manuel González, coordinador de planes y programas de la Presidencia, explicó que para la fecha límite de entrega de la solicitud –el 15 de noviembre– tendrán cifras más detalladas sobre el alcance del programa y del monto en ahorro que significaría respecto a la planilla estatal.
Según los más recientes informes de la Contraloría, el aparato estatal cuenta con 256 mil 579 funcionarios y cuesta unos $409.7 millones mensuales en salarios.
El Ejecutivo apuesta a plan de retiro voluntario para ahorrar
La Presidencia de la República informó que el Programa de Retiro Voluntario tiene como población meta a entre 35 mil y 40 mil funcionarios que ya están en edad de jubilación o están próximos a cumplir la edad necesaria para estarlo.
Así lo explicó en entrevista con este medio el coordinador de planes y programas para la Presidencia, Manuel González, quien trabaja de cerca en la implementación del programa.
La reglamentación del Programa de Retiro Voluntario –que anunció el presidente Laurentino Cortizo como parte de las medidas de contención del gasto ante la crisis económica que vive el país– está contemplada en el Decreto Ejecutivo 204 del 8 de agosto de 2022.
Durante su explicación, González recalcó que el programa no está limitado a las personas de la población meta. Tienen previsto que funcione como un vehículo para cualquier funcionario, sin importar su edad o estatus de pensionado, que forme parte de la estructura permanente de alguna entidad estatal y que busque salir del servicio público a cambio de un incentivo, en este caso, el pago de un bono calculado con base en su antigüedad en la institución y su salario mensual.
Agregó que para el 15 de noviembre de este año tendrán cifras más detalladas, pues esa es la fecha límite para que las personas interesadas presenten su solicitud ante las oficinas de recursos humanos de sus instituciones. En ese momento se podrá conocer realmente cuánto sería el ahorro a alcanzar con la implementación del programa.
Según el reporte de la planilla estatal correspondiente al mes de junio de 2022, publicado por la Contraloría General de la República, el aparato estatal cuenta con 256 mil 579 funcionarios, que devengan un sueldo bruto mensual de $409.7 millones. En comparación con el reporte del mismo mes de 2021, la planilla estatal aumentó en 4 mil 650 funcionarios. Se trata de una tendencia que se ha mantenido desde 2015, según consta en este tipo de reportes.
En cuanto a la limitación del Programa de Retiro Voluntario solo para personal permanente, González explicó que se trata de una disposición administrativa. Por ser personal permanente, se tiene constancia de exactamente cuándo entró a laborar en la institución. Además, dada su permanencia, se cuenta con los fondos necesarios para hacer frente al pago del bono, puesto que ya están presupuestados los fondos con los que se les pagaría el salario.
Según la Contraloría, del total de funcionarios, unos 226 mil 344 son permanentes. Los otros 30 mil 235 cuentan con contratos eventuales o transitorios.
González explicó que tienen previsto que la implementación del Programa de Retiro Voluntario ayude de forma sustancial a lograr la meta de reducir el 10% de la planilla estatal, como prometió Cortizo como medida de contención del gasto.
Agregó que no se tiene previsto implementar programas que expulsen a personas a la fuerza del servicio público. Se busca llegar a la meta apelando a la voluntariedad de los servidores públicos para acogerse al programa y a no renovar los cargos que queden vacantes.
En el decreto ejecutivo que reglamenta el programa, en el artículo 12, se detalla que cada entidad tendrá la responsabilidad de mantener el número de servidores públicos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le competen.
En la Federación de Servidores Públicos (Fenasep) han sido críticos sobre la puesta en marcha de este programa. Si bien el Ejecutivo apuesta a su implementación, a la capacidad de las entidades públicas de divulgar los beneficios y a que se participe de forma voluntaria, el secretario general de la Fenasep, Alejandro Haynes, lo calificó como un “programa fallido”.
Otros planes, otros gobiernos
La administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) también implementó y reglamentó un Programa de Retiro Voluntario para servidores públicos. Un decreto ejecutivo con fecha del 22 de agosto de 2017 reglamentó el programa instalado entonces. En esa ocasión, sí estaba limitado a personal que ya contara con una pensión en la Caja de Seguro Social. En ese entonces, el pago del bono también se calculaba con base en la antigüedad, pero el monto era mayor. Por ejemplo, a funcionarios con más de cinco años en la institución se les pagaría un bono correspondiente a 10 meses de salario. Quienes tuvieran entre 2 y 3 años laborando, recibirían 7 meses de salario.
Así lo manifestó en entrevista con Telemetro Reporta, en la que además detalló que otros gobiernos han implementado programas similares, aunque dirigidos únicamente a personal pensionado.
Haynes dijo que el hecho de que la planilla estatal esté abultada es evidencia de que otros programas de este tipo no han sido exitosos.
“Nosotros no estamos en contra del plan de retiro voluntario, ya que es una medida que va a beneficiar a los trabajadores, de alguna manera...”, dijo. Sin embargo, cuestionó que se implementen programas de este tipo y en muchos casos no se honre el pago de la prima de antigüedad que está contemplada por ley. “No entendemos cómo es que tú decides implementar un plan de retiro voluntario que se ha demostrado ha sido un plan fallido, versus una ley que obliga al pago”, manifestó.
En el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 204, inherente al bono, se especifica que para el cálculo de este se utilizará el salario devengado al 30 de junio de 2022 “y no será considerada ninguna otra remuneración”.
Esto, explicó Haynes, atenta contra los derechos de los funcionarios, pues estos cuentan con dinero que les corresponde en concepto de vacaciones acumuladas, decimotercer mes y otros pagos.
Haynes argumentó que para una persona que devenga un salario bajo, el incentivo del bono –de un máximo de seis meses de salario para una persona que lleva cinco o más años en la institución–, no es suficiente.
Pero, aunque no ha anunciado otros mecanismos para reducir la planilla estatal en el 10% que prometió en julio pasado, el Ejecutivo apuesta a que funcionarios se acojan al Programa de Retiro Voluntario, que excluye a servidores que ocupen u ostenten cargos de alto mando y toma de decisiones.
El decreto ejecutivo estipula que es responsabilidad de cada entidad reportar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República el listado de funcionarios que finalmente soliciten el retiro voluntario.
Dichos funcionarios no podrán ser recontratados bajo ninguna modalidad en el aparato estatal, como quedó establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 204.
