La subcomisión legislativa que analiza el proyecto de ley 27 que busca reforzar la transparencia en la administración pública se activará este miércoles 27 de noviembre. Los diputados que integran ese grupo se reunirán para analizar el documento.
Esta propuesta fue presentada por el diputado independiente Roberto Zúñiga, y plantea cambios significativos a las leyes que regulan la declaración de bienes patrimoniales y conflictos de interés de los servidores públicos.
En primer debate, este proyecto fue aprobado el 3 de septiembre de 2024. El documento amplía el alcance de los funcionarios obligados a presentar una declaración jurada de bienes. Actualmente, esta obligación recae sobre altos jerarcas como el presidente de la República, ministros y magistrados, pero con la modificación también incluiría a alcaldes, concejales, superintendentes, diplomáticos, fiscales superiores, gobernadores y cualquier autoridad máxima de instituciones públicas.
Además dispone que la información será pública. Actualmente, la publicación de este documento es de carácter voluntario. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) retiene esta información sin hacerla pública.
El proyecto, también introduce un mayor nivel de detalle en estas declaraciones, pues abarca desde activos en el extranjero hasta bienes intangibles, vehículos y deudas específicas.
Otro aspecto innovador de la propuesta legislativa es la obligatoriedad de actualizar las declaraciones patrimoniales cada año, durante el primer mes del calendario. La Contraloría General de la República también tendrá la facultad de solicitar actualizaciones extraordinarias y realizar auditorías de oficio en casos de sospechas de enriquecimiento injustificado.
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En lo concerniente a la declaración de intereses, el proyecto reafirma la obligación de incluir actividades económicas, relaciones empresariales y cualquier vínculo que pudiera generar conflictos de interés. También se deberá incluir regalos o beneficios recibidos por los servidores públicos en los últimos años.
Si bien el proyecto ha recibido respaldo de diversos sectores que ven en ella un paso hacia la modernización de la transparencia en el país, también ha generado cuestionamientos sobre los retos logísticos y administrativos que supondrá su implementación. En la Comisión de Gobierno, algunos diputados advirtieron que las instituciones encargadas, como la Contraloría, deberán robustecer sus capacidades técnicas para procesar y auditar la creciente cantidad de información.
Los buenos no deben temer
El diputado Zúñiga recordó que aquellos que entran al servicio público con buenas intenciones no deberían temerle a este proyecto, ya que su objetivo es evitar que se apropien de bienes del Estado o adquieran privilegios indebidos. El proyecto, añadió, está diseñado para garantizar que quienes sirvan al gobierno lo hagan con honestidad y sin la intención de enriquecerse de manera ilícita.
De ser aprobada, la ley entrará en vigor un año después de su promulgación, permitiendo a las entidades públicas y los funcionarios adaptarse a las nuevas disposiciones. Este tiempo también será clave para que la Contraloría y otras instituciones establezcan mecanismos eficaces para manejar la ampliación de las obligaciones de transparencia.
La subcomisión de la Asamblea Nacional que estudia la iniciativa está integrada por Zúñiga, Didiano Pinilla, de Cambio Democrático; y Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático.
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