Dieciocho personas han acudido hasta ahora a la Corte Suprema a contar su versión de lo ocurrido en la Asamblea a finales de 2001 y principios de 2002, durante la aprobación del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Entre los comparecientes hay un diputado oficialista (Carlos Tito Afú); un ex presidente y un ex vicepresidente de la República; dos ex ministros; cinco ex legisladores; un ex gerente de la Zona Libre de Colón; un ex embajador en Brasil; dos testigos protegidos (identificados como “Gabriel” y “Uriel”); una secretaria de la Asamblea, y los tres ejecutivos principales del Consorcio San Lorenzo, promotor del Cemis.
Los últimos testigos favorecen con su testimonio al ex presidente Martín Torrijos, uno de los dos imputados en el expediente que instruye el magistrado fiscal Abel Zamorano.
Los ex legisladores Laurentino Cortizo (Solidaridad) y Héctor Alemán (PRD) negaron la versión de Jorge Chandeck, ex embajador de Panamá en Brasil, de que ambos acudieron a La Habana, Cuba, a retirar tres millones de dólares aportados por los “dueños” del Cemis.
Según Chandeck, el ex legislador Manuel De la Hoz contó en un almuerzo en su casa que el dinero fue transportado en un avión privado que Torrijos entonces secretario general del PRD “mandó” desde República Dominicana.
“Nunca he estado en Cuba”, replicó Cortizo, en su declaración jurada, rendida el pasado 2 de diciembre. Afirmó no ser “mandadero de nadie” y puso a disposición de Zamorano sus pasaportes, para que verificara los sellos de entrada y salida del país. Indicó que para la fecha en que supuestamente viajó en el avión “mandado” por Torrijos, se encontraba en Puerto Rico, pasando las fiestas de fin de año con la familia de su esposa.
Cortizo que presidió la Comisión de Comercio de la Asamblea que aprobó el contrato del Cemis en primer debate reconoció que sí se reunió con representantes del Consorcio San Lorenzo, pero siempre dentro de la comisión legislativa. “Todos estuvieron involucrados en el proceso de consulta pública”, remarcó.
Dijo no saber nada de las denuncias públicas de Afú, en relación a que en la bancada perredista se repartieron seis mil dólares a cada legislador para que votara a favor del proyecto en segundo y tercer debate, el 28 y 29 de diciembre de 2001, respectivamente. Según versiones que constan en el expediente, Torrijos acudía “diariamente” al Salón Azul de la Asamblea para tirar “la línea del partido”.
Cortizo también defendió el proyecto aprobado, y enfatizó que era muy diferente a la versión original que envió el Ejecutivo, que el ex legislador tildó con calificativos como “lesivo a los intereses de Panamá” y “leonino”. Ese proyecto original se modificó casi en un 80%.
“Después de las consultas públicas y las más de 40 modificaciones al contrato ley original eliminando una gran cantidad de beneficios otorgados, no existía motivo para pagar por su aprobación”, opinó.
Héctor Alemán también negó la reunión en Cuba aludida por Chandeck.
“Yo jamás he estado con el señor Cortizo en La Habana ni en ninguna otra localidad de la República de Cuba”, dijo en su declaración jurada, el 3 de diciembre.
A Alemán también se le preguntó por una reunión en casa de Torrijos, en Ancón, en la que estaban él y los ex legisladores Balbina Herrera, Miguel Bush y Manuel De la Hoz. Según Afú, De la Hoz le contó que ahí recibió instrucciones para acudir a Colón, a “recoger” un dinero y que todo “ya estaba arreglado”. De la Hoz siempre según Afú le habría reclamado a Torrijos por haberlo “quitado” de la Comisión de Hacienda de la Asamblea y de la Junta de Control de Juegos. “¿Hasta cuándo tú me vas a dar cabanga?”, le increpó De la Hoz a Torrijos, según citó Afú.
Alemán, en cambio, negó tales señalamientos.
“Esa reunión a la que usted se refiere en mi presencia jamás se dio, de manera que no me cabe comentario alguno”, fue su respuesta al magistrado Zamorano.
Para Alemán, el “verdadero móvil” de las declaraciones de Afú era enfrentar a los perredistas que hacían oposición a la entonces presidenta Mireya Moscoso, con los que querían “entregarse” al Gobierno, “como en efecto lo hicieron”.
Dijo que jamás ha estado en las oficinas del Consorcio San Lorenzo en la Torre Credicorp Bank. No precisó por qué su nombre aparece en un manuscrito ubicado en un allanamiento en esas oficinas, en las que su nombre está escrito junto al de otros dirigentes del PRD, con flechas apuntando a cifras de dinero. Un forense determinó que ésa era la letra de Stephen Jones, uno de los accionistas del Consorcio.