Si el presidente Laurentino Cortizo sanciona el proyecto de ley 329 que busca evitar el conflicto de interés en el sector público, los funcionarios de alto perfil de los tres poderes del Estado, estarán obligados a presentar una declaración jurada de intereses particulares, cada año.
Allí tendrán que reportar actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales, personales o de beneficencia, sean o no remuneradas. También deben informar si han tenido contrataciones con el Estado, si han recibido regalos en el último año calendario antes de asumir el cargo, que provengan de personas o empresas que no están vinculadas a sus familias, y si tienen acciones en sociedades, fundaciones, fideicomisos, constituidos tanto en Panamá como en el extranjero, entre otros.
La propuesta fue impulsada por el diputado Gabriel Silva, con el apoyo de sus colegas de la bancada independiente. Si Cortizo sanciona el proyecto, Panamá se uniría a países como Chile, Argentina o Costa Rica, naciones que cuentan con una norma que sanciona el conflicto de interés. La propuesta fue aprobada en el mismo año en que se celebrarán audiencias por dos de los grandes casos de corrupción: New Business y Odebrecht, que incluye a ex funcionarios, contratistas del Estado, y particulares.
Califican de ‘avance’ ley de conflicto de interés
El proyecto de ley que busca erradicar el conflicto de interés en el sector público, iniciativa impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva, fue aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril.
Silva asegura que si bien la propuesta aprobada “no es perfecta”, es un avance en temas de transparencia, pues dicta disposiciones sobre aspectos a cumplir por parte de altos funcionarios y crea nuevas competencias para la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
De hecho, el proyecto de ley estipula que la Antai es la autoridad “regente en materia de conflicto de intereses”.
La propuesta legislativa, que ahora espera la sanción o el veto del presidente Laurentino Cortizo, tiene un largo recorrido en el palacio Justo Arosemena. En principio, fue presentada el 17 de septiembre de 2019, como uno de los primeros proyectos que presentó Silva al asumir su curul, y a partir de allí avanzó lentamente.
Uno de los aspectos medulares de este proyecto es la obligación que tendrán los funcionarios de alto perfil de presentar una declaración jurada de intereses particulares, en la que deberán reportar, por ejemplo, actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales, personales o de beneficencia, sean o no remuneradas.
También deben informar si han tenido contrataciones con el Estado y si han recibido regalos en el último año calendario antes de asumir el cargo que provengan de personas o empresas que no están vinculadas a sus familias. Los obliga a reportar acciones en sociedades, fundaciones y fideicomisos en Panamá y en el extranjero.
Esta disposición también alcanza a las personas naturales o miembros de juntas directivas, dignatarios, accionistas, beneficiarios finales y apoderados de personas jurídicas a las que se les adjudicaron licitaciones de bienes o servicios con el Estado.
Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dijo que con la aprobación en tercer debate “se da un paso adelante en el proceso para enfrentar los graves problemas de conflictos de intereses, tráfico de influencias, y corrupción que vive el país”.
Recordó que Cortizo y otros cinco candidatos a la Presidencia se comprometieron públicamente en la campaña política de mayo de 2019 a presentar en su primer año de gobierno un proyecto de ley para evitar el conflicto de intereses.
Cortizo firmó el Reto por la Transparencia 2019, impulsado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. No obstante, el proyecto de ley nació por iniciativa de la bancada independiente.
Vega rescató la importancia de que el proyecto incluya a todos los funcionarios de alto nivel, es decir, la plana mayor del Ejecutivo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados de la Asamblea. “Eso es importante”, opinó.
Además de magistrados y diputados, en su segundo artículo la propuesta incluye también a ministros y viceministros de Estado; al contralor y subcontralor; al defensor del Pueblo; a los superintendentes de entidades financieras; miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos; alcaldes, representantes y otros cargos de elección popular.
También incluye al presidente y al vicepresidente, “así como cualquier otro servidor público como autoridad máxima”.
La declaración jurada de intereses deberá ser renovada anualmente si la persona sigue en el cargo público. La ley faculta a la Antai a imponer multas a quienes incurran en conflicto de interés.
Vega advirtió que por el alcance de la ley, las disposiciones de esta suponen un “gran reto” para la Antai. “Se requiere que hagan su trabajo con eficiencia”, añadió.
Silva explicó que esta entidad se involucró en el debate, participó en mesas técnicas y fases de consultas.
La norma contempla, además, la inhabilitación de ocupar cargos posteriores al manejo de información privilegiada y el nepotismo.
En la definición de conflicto de intereses, también se menciona la figura de donantes y cómo estos puedan influir en las decisiones relacionadas con los cargos.
“Tenía la preocupación de que aprobáramos algo que fuera un retroceso, una pantalla y que en realidad no fuera buena”, admitió el diputado. No obstante, está convencido de que lo aprobado es un avance importante en materia anticorrupción y de transparencia en la gestión pública.
