En manos de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que dirige el perredista Leandro Ávila, quedaría la decisión de ampliar o no las consultas sobre el proyecto ley que deroga la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública.
Tras la segunda reunión de consulta sobre el proyecto 1031 (el pasado miércoles 30 de agosto), la subcomisión que analiza la propuesta del Ejecutivo, que está presidida por el diputado perredista Eugenio Bernal, empezó a redactar el informe que entregará al diputado Ávila.
El informe recopilará todos los aportes que han recibido tanto de manera escrita como verbal, por parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. La mayoría le ha manifestado a los diputados Bernal, Corina Cano y Luis Ernesto Carles, quienes integran la subcomisión, que “no es el momento para debatir” el cambio a una de las leyes más importantes del país y que, de hacerlo, se deben ampliar las consultas.
Además, el informe incluirá una recomendación sobre qué hacer con la discusión del proyecto 1031, previa a su sanción en primer debate. “Debemos recomendar en el informe ampliar la discusión o crear una mesa técnica”, manifestó el diputado Bernal a este medio.
El diputado, en la reunión del pasado miércoles celebrada en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), dejó claro a los presentes que la subcomisión solo “recomienda”.
“Nosotros en la subcomisión recomendaremos, pero el presidente de la comisión es el que analiza y evalúa”, dijo.
La subcomisión no tiene un tiempo límite para entregar el informe final a Leandro Ávila.
Más consultas o mesa técnica
El pasado miércoles, algunos ciudadanos propusieron llevar el tema al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Otros, como el representante del Ministerio de la Presidencia, Andrés Wong, habló de instalar una mesa técnica.
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien en los últimos días ha alertado sobre los peligros de que se discuta una propuesta así en este momento, señaló que ampliar un día más las consultas no era suficiente.
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Parte del reclamo es que el proyecto 1031 mutila la Ley 6 de 2002 y distorsiona lo recomendado por la Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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También cambia el mecanismo para la presentación de un habeas data y convierte a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) en el principal responsable del Acuerdo de Escazú y no el Ministerio de Ambiente, como sucede en la actualidad.
