El 15 de septiembre de 2011, una noticia conmocionó a todo el país: el secuestro y asesinato de cinco jóvenes universitarios de ascendencia china en La Chorrera. Desde entonces han transcurrido casi cuatro años y hasta la fecha el juicio a los 10 acusados por los hechos está lejos de realizarse y sin fecha definida.
Fuentes del Órgano Judicial explicaron que el Segundo Tribunal Superior aún está pendiente de cumplir el trámite de notificar a todos los abogados de los acusados. Una vez se cumpla este paso, el expediente deberá ser enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva la apelación que presentó la Fiscalía Tercera Superior.
La fiscalía objetó el hecho de que en la resolución de llamamiento a juicio el Tribunal se inhibió de juzgar a tres de los acusados por blanqueo de capitales y remitió el proceso seguido a ellos a un juzgado de circuito. Para la fiscalía, todos deben ser juzgados por el mismo Segundo Tribunal.
Luego de que la Sala Penal resuelva esa apelación, se deberá fijar el período de pruebas extraordinarias [de cinco días hábiles] y posteriormente se dará a conocer la fecha del juicio.
En resolución fechada el 19 de junio de 2014, el Segundo Tribunal Superior llamó a juicio a los dominicanos Alicibiades Méndez, Gilberto Ventura y Félix del Rosario y a los panameños Keyla Bendibú, Mario Luis Vega, Kenny Bendibú y Roberto Mariscal.
Y, como se dijo anteriormente, el tribunal se inhibió en el caso de Inés Torres Flores, Inés Chavarría y Delmira Torres, acusadas de blanqueo de capitales por utilizar el dinero cobrado por los secuestros.
EL CASO
Los secuestros de estos jóvenes se dieron entre 2010 y 2011. Sin embargo, no fue sino hasta el 14 de septiembre de 2011 cuando se conoció que Yessenia Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Georgina Lee Chen y Joel Liu Wong fueron asesinados y enterrados en una casa en El Trapichito de La Chorrera. La residencia era alquilada por Méndez, quien el 15 de septiembre de 2011 condujo a las autoridades hasta el lugar donde estaban enterrados los cadáveres.
De acuerdo con información suministrada por Méndez al Ministerio Público, por los secuestros cobraron $243 mil.
La primera víctima fue Yesenia Loo, de 18 años, a quien secuestraron el 20 octubre de 2010. Era hija de los dueños de la Casa Internacional. La interceptaron temprano cuando se dirigía a la universidad. La introdujeron en una fosa en el patio de la casa de El Trapichito, donde murió.
A la segunda víctima, Yong Jian Wu, Ken, lo secuestraron el 9 de diciembre de 2010 y cinco días después, el 14, lo mataron de un tiro en la cabeza después de haber cobrado el rescate.
Mientras, a Samy Zeng Chen, Georgina Lee Chen y Joel Liu Wong los secuestraron el 6 de septiembre de 2011. A Samy le dieron una puñalada en una pierna porque estaba inquieto. Murió desangrado. A Georgina la enterraron viva; esposada de pies y manos junto con el cadáver de Samy.
Quedaba Joel, a quien lo dejaron vivir unos días para ver si le sacaban algo de dinero a su familia. Días después lo mataron.
TRISTEZA
La familia de las víctimas y la comunidad china de La Chorrera no se repone. Todavía lloran. Los recuerdan. Los añoran.
“Ha sido triste”, manifestó ayer Eloy Chong, presidente de la Asociación China de Panamá Oeste, quien dijo además que su comunidad tenía esperanza de que este nuevo gobierno “haría justicia”, pero hasta la fecha no han visto nada que los aliente. “Nos sentimos engañados”, sustentó.
“Resulta sospechosa la negativa de los funcionarios encargados de las investigaciones en ahondar en algunos detalles, uno de ellos la supuesta implicación de miembros de la Policía Nacional [en el caso]”, expresó.
Tanto los familiares como los abogados querellantes en el proceso se han quejado en estos últimos cuatro años del poco interés que las autoridades judiciales le han puesto a este caso, a pesar de su complejidad y del número de víctimas.
Sobretodo, resienten que no haya todavía una fecha para el juicio, que en principio estaba previsto para el 10 de febrero de este año. Así había sido dispuesto antes de que la Fiscalía apelara la resolución del Segundo Tribunal de Justicia.
Las familias de los cinco jóvenes asesinados realizaron ayer un acto en La Chorrera para recordar a sus hijos, que incluyó una misa.
Por este caso, la comunidad china en Panamá salió a las calles a pedir justicia y un alto a la violencia.
