Dos décadas de lucha por parte de los residentes y una condena del Tribunal Centroamericano de Agua por los daños ambientales causados al río Pacora con las extracciones de material pétreo, no han sido suficientes para detener la minería no metálica en la cuenca y las riberas de esta fuente que, además de ofrecer beneficios recreativos y para la agricultura, abastece a la planta que da agua potable al área este de la ciudad capital.
Según los activistas, en los últimos quinquenios, lejos de detener la actividad minera, las autoridades han mirado para un lado frente a denuncias de empresas que han operado, incluso, sin estudios de impacto ambiental.
La primera concesión para la extracción de arena y grava data de 1979, cuando la empresa Unicontal obtuvo un contrato para extraer los materiales en una zona de 149 hectáreas. Esta venció en agosto de 2009.
El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, tiene concesionada un área de 141 hectáreas para extraer arena y grava desde 1978.
Además, según información disponible en la página web del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Minera Santa Comba, Extracciones Continentales, Hacienda San José, Rivers and Industry y Tikel Latinoamericana Corporation se reparten mil 611 hectáreas en las que mantienen concesiones para extraer arena, grava y tosca.
Sin embargo, en el sitio web del Mici no aparecen las concesiones de Cantera Las Vegas y Gethsa Internacional, empresas que también operan en la zona. La primera tiene su cantera a pocos metros del río y la segunda, en una zona cercana a la toma de agua de la comunidad de Carriazo de San Miguel, en el corregimiento de San Martín.
Alfred Bondurant, de la empresa Cantera Las Vegas, asegura que tiene los permisos para operar y que las extracciones de arena se hacen en una zona fuera del río.
En el caso de Gethsa Internacional –que extrae arena continental desde hace varios años–, los defensores del río han denunciado que la empresa construyó una carretera, durante el verano, por la orilla del río, lo que está provocando erosión del suelo. “Esto terminará por llenar de sedimento el río”, dijo María Eugenia Gerbaud, quien, sin embargo, remarca que el mayor enemigo del Pacora son los políticos que han permitido su destrucción por años.
Se trató de contactar a algún representante de Gethsa, pero no estaban el área el día que se visitó y los números que aparecen en la guía telefónica están desconectados.
Orlando Cedeño, un productor de San Miguel que también se opone a que se mantengan las concesiones, asegura que de este río salió la mayor parte del material que se usó para la construcción del Corredor Sur.
No está lejos de la realidad. Ingenieros Civiles y Asociados, concesionaria de la vía, es una de las empresas que el Tribunal Centroamericano del Agua condenó en 2000 por los daños que las extracciones le han causado al río. La Autoridad Nacional del Ambiente, el Mici y Cantera Las Vegas fueron condenados en ese fallo.
Las consecuencias negativas de esta actividad están haciendo efecto en la producción de agua. Rodrigo Barragán, director nacional de Plantas Potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, reveló que las extracciones de arena han mermado la capacidad de producción de la potabilizadora de Pacora en un 25% (de 12 millones a 9 millones de galones diarios).
Además, han tenido que invertir en la construcción de un dispositivo (aún en desarrollo) que filtre la arena en la toma de agua, ya que, el aumento de los volúmenes le ha producido daños a la planta y ha encarecido los costos de potabilidad.
Durante dos semanas –a través de llamadas y correo electrónico– se intentó obtener una opinión del Mici. No hubo respuesta.
Los residentes de Pacora y San Miguel prevén realizar una protesta la próxima semana frente a la Defensoría del Pueblo, para exigir el cese de las concesiones, una de las cuales vence en 2017.
