La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), que preside el diputado perredista Benicio Robinson, tiene en agenda el inminente debate de dos controvertidas iniciativas: una sobre protección “del honor” frente al uso de inteligencia artificial (IA) y el que establece el derecho al olvido penal.
La discusión iniciaría este miércoles 26 de agosto, según consta en una carta que mandó Robinson al secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, en la que convoca a los miembros de la comisión a una reunión en el salón Manuel Lenée, conocido como salón Azul, a las 10: 00 a.m.
Derecho al olvido en materia penal
El anteproyecto de ley 48, presentado el 14 de julio pasado por el diputado Isaac Mosquera Rivas, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), permite cancelar los expedientes y registros policiales de las personas que cometen delitos “de baja lesividad”, es decir, aquellos sancionados con multa, días multa, trabajo comunitario o pena privativa de libertad que no supere los tres años de prisión.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, podrán acogerse a este beneficio los condenados por blanqueo de capitales de cuantía menor a $100 mil; por estafas patrimoniales de hasta $10 mil; por delitos contra el orden económico que no excedan de $50 mil, y por posesión de cannabis para consumo personal en cantidades que no excedan los 10 gramos, siempre que no exista comercialización ni reincidencia.
“La presente ley no extingue la sentencia ni elimina los registros judiciales históricos, limitándose exclusivamente a los efectos administrativos derivados del récord policivo”, se lee en el anteproyecto 48.
La propuesta, que tiene carácter retroactivo, excluye de estos beneficios a homicidas, feminicidas, agresores sexuales, autores de violencia doméstica, tratantes de personas, terroristas y a quienes cometen delitos “contra niños, niñas y adolescentes”.
El procedimiento exige una certificación judicial de extinción de la pena y una solicitud ante la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que debe resolver en un máximo de 30 días hábiles.
Una vez concedido este beneficio, el antecedente penal quedaría accesible únicamente para fines judiciales, de investigación penal o seguridad nacional. Su divulgación a ciudadanos particulares o su uso para discriminar laboralmente constituiría una falta administrativa grave, “sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente”.
Mosquera, que afectuosamente a denominado su propuesta como “la ley de segunda oportunidad”, fue procesado por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.
Cuando ganó las elecciones, en mayo de 2024, su caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, ya que este órgano tiene la competencia constitucional para procesar a los diputados principales y suplentes de la AN y del Parlacen.
No hay constancia de que la Corte haya adoptado una decisión al respecto.
El honor en tiempos de IA
La otra propuesta que se someterá a discusión es el anteproyecto de ley 51, propuesto por la diputada Dana Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas (RM), para castigar con cárcel el uso “malicioso” de la inteligencia artificial para fabricar contenido falso.
La iniciativa incorpora el artículo 195-A al Código Penal y castiga con cárcel de tres a seis años a quien, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imagen o cualquier tecnología análoga, cree, altere, publique, difunda o comercialice contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento, cuando ese contenido tenga capacidad de dañar el honra o la dignidad.
El texto excluye de este tipo penal el contenido íntimo, sexual o de desnudez, materia que ya cubre la Ley 478 de 2025.
El anteproyecto 51 propone aumenta la pena sube de cinco a siete años de prisión cuando el material circula por redes sociales o sistemas de mensajería masiva; cuando el autor actúa con ánimo de lucro, represalia o coacción, o cuando la víctima es un menor de edad, una persona con discapacidad, un adulto mayor o alguien en condición de vulnerabilidad.
“No constituirá delito la creación o difusión de contenido artístico, educativo, periodístico, académico, científico, de interés público, siempre que, valorado en su contexto, no tenga finalidad denigrante y sea razonablemente identificable como contenido ficticio, dramatizado, recreado, editado o no auténtico”, dice el anteproyecto de la diputada de Coclé.
También modifica el artículo 196 del Código Penal para limitar la exención de responsabilidad penal que protege a los servidores públicos, funcionarios de elección popular y gobernadores frente a los delitos contra el honor.
La excepción aplicaría cuando se les atribuya deliberadamente un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra y se difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales.
La Comisión de Gobierno está integrada por los diputados Benicio Robinson, del PRD, que la preside; Julio De La Guardia, de Cambio Democrático (CD), vicepresidente; Luis Eduardo Camacho, de RM, secretario; Alain Cedeño, de RM; Osman Gómez, del Molirena; Ariana Coba, del Panameñista; Raphael Buchanan, del PRD, y las independientes Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de Vamos.
