Asamblea intentó inflar su presupuesto en secreto

El pasado 29 de septiembre, día en que sustentó el presupuesto de la Asamblea Nacional para el 2023, el diputado Crispiano Adames, presidente de ese órgano del Estado, aseguró ante la comisión legislativa de Presupuesto que “acogía” el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a pesar de que le restaron $56.8 millones al monto que él había solicitado.

“Lo acogemos como un órgano calificado y que entiende el proceso que implica, no solamente la evaluación de las condiciones de los macroindicadores que acompañan la región, sino también de cómo esos macroindicadores inciden sobre la realidad de la vida económica de este país”, dijo Adames ante sus colegas, en la comisión.

En ese momento, Adames parecía aceptar de buen agrado las consideraciones del MEF, es decir, $150 millones para el 2023, en vez de los $206.8 millones que pidió inicialmente.

Sin embargo, todo quedó en discurso, pues en la Resolución 67 del 13 de octubre de 2022, en la que la Comisión de Presupuesto recomienda al MEF que incremente el presupuesto a 26 entidades, se evidencia una contradicción del presidente del Legislativo. La Asamblea fue una de las 54 instituciones que solicitó (sin éxito por ahora) más fondos para el año entrante. Pidió justamente los $56.8 millones que le recortó el MEF.

En los pocos detalles plasmados en la Resolución 67, llama la atención un aspecto: se especifica que los $56.8 millones solicitados por la Asamblea supuestamente se destinarían a inversión. Pero, en septiembre pasado, en su exposición de la vista presupuestaria, Adames explicó que lo recortado por el MEF afectaba principalmente al presupuesto solicitado para funcionamiento. Informó que $51 millones correspondían a funcionamiento y los otros $5.8 millones a inversión. El grueso de los fondos de funcionamiento, dijo Adames en esa ocasión, iba a ser destinado al pago de planillas y prestaciones del personal transitorio. En ese renglón se agrupan aquellas personas que operan bajo el paraguas de la planilla conocida como 002 o que laboran por contrato, ya sea en las comisiones de trabajo o en los despachos de los diputados.

Opacidad legislativa

Los detalles, las modificaciones, el nivel de ejecución y, en general, el manejo del presupuesto de la Asamblea Nacional está protegido con un manto de opacidad institucional. Lo único que se publica sobre el tema es un escueto reporte de ejecución presupuestaria, en atención a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 6 de 2002). No se conoce el desglose por rubro ni cómo se gestionan las modificaciones. Todo se hace a espaldas de la ciudadanía.

Los reportes en cuestión detallan la cifra asignada a inicio del año, lo modificado y la ejecución en funcionamiento e inversión por mes. Por ejemplo, para el mes de agosto, el presupuesto modificado del Legislativo era de $200.4 millones, con una ejecución general de 84%.

A través de una solicitud de información (5 de agosto 2022), La Prensa pidió a la Asamblea la lista de todos los traslados de partida y créditos adicionales que la Comisión de Presupuesto le ha aprobado este año al Legislativo. A la fecha, no se ha recibido respuesta.

El órgano que preside Adames comenzó el año con $144 millones. Pero luego de múltiples modificaciones secretas, llegó a $200.5 millones a septiembre pasado. Se desconoce el mecanismo mediante el cual se hicieron las modificaciones.

El crédito

Aunque en la Resolución 67, donde constan los ajustes que la comisión recomendó que se le hiciera al presupuesto general del Estado para 2023, no se toma en cuenta los $56.8 que pidió la Asamblea, la entidad no perdió. Ese mismo día, la Comisión de Presupuesto, que preside Benicio Robinson, aprobó un crédito adicional al Legislativo por $11.9 millones. Con este nuevo crédito, el presupuesto modificado con el que cuenta la Asamblea para el 2022 sería de al menos $212.3 millones.

Adames no estuvo presente para sustentar la solicitud y el monto. Tampoco hubo debate ni se explicó para qué se utilizarían los fondos. Esta parte de la discusión tampoco fue transmitida por el canal de televisión de la Asamblea ni a través de su página web.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, miembro de la Comisión de Presupuesto y quien estuvo presente en la sesión de aquel día, aseguró que desconoce el destino de esos fondos. Solo tuvo la oportunidad de pedir que constara en acta su voto negativo.