La Asamblea Nacional legisla para la conveniencia del PRD

Con la presentación de al menos tres proyectos de ley que derogan leyes sensitivas o pactan contratos millonarios con el sector minero se corrobora una práctica del Ejecutivo y el Legislativo de legislar a favor del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus funcionarios desde que llegaron al poder el 1 de julio de 2019, advirtieron dirigentes de la sociedad civil organizada.

En las últimas semanas, estas actuaciones son más evidentes. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialista PRD, ha acogido proyectos de ley que salen del seno del Ejecutivo sin mayor consulta con los gremios o grupos interesados en la materia.

Este es el caso, de la derogación de la Ley 6 de 2002 de transparencia, la derogación a Ley 9 de 1994, de la carrera administrativa y el proyecto ley de contrato con Minera Panamá.

Hace unas semanas atrás el diputado Crispiano Adames denunció que el presidente de la Asamblea, su copartidario Jaime Vargas, solo estaba tomando en cuenta la agenda del Ejecutivo, pese a que Vargas lo refutó señalando que han aprobado proyectos presentados por diputados. La mirada ciudadana está puesta en los temas polémicos que ambos órganos del Estado han decidido aprobar, faltando apenas ocho meses para las elecciones generales de mayo de 2024.

Lo que impulsa la Asamblea y el Ejecutivo

Por ejemplo, la nueva ley de transparencia que intenta imponer el Ejecutivo distorsiona los estándares establecidos por la Ley Modelo 2.0, sobre acceso a la información pública de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, blindaría la información referente a programas de becas que implican millonarios recursos del erario, ayudas que constantemente están bajo escrutinio porque son manejados con criterio político.

Aunque gremios han pedido al Ejecutivo retirar la propuesta de la Asamblea, el presidente Laurentino Cortizo insiste en que hay que debatirla. La encargada del primer debate es la Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Leandro Ávila, quien también ha dicho que ese proyecto se va a discutir.

A juicio del exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, el problema que tiene Panamá en materia de transparencia en la gestión pública nada tiene que ver con el mejoramiento de los estándares de la ley. Señala que en realidad lo que existe es una “falta de entendimiento” por parte de los funcionarios, los órganos del Estado e instituciones de que “hay que rendir cuentas”; que el ciudadano tiene “derecho a saber”; que en una democracia el compromiso es hacer público a “ciencia y paciencia” los debates de relevancia para la nación.

Catalogó como “terrible” la habitualidad con que se abraza la “opacidad”.

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Mientras que con la reforma a Ley 9 de 1994, de la carrera administrativa, el Gobierno pretende que sea el actual presidente Cortizo quien elija a los tres magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, que tiene como competencia conocer de las apelaciones contra las acciones de recursos humanos, incluyendo las destituciones dirigidas contra servidores públicos permanentes, que pertenezcan o no a las carreras públicas.

El proyecto 1075, que igualmente debe ser discutido en primera instancia por la Comisión de Gobierno, establece que los magistrados, que actualmente, deben ser elegidos por un periodo de cinco años, ahora serán escogidos por siete años. En la actualidad, uno de los magistrados es escogido por el Ejecutivo, otro es designado por las asociaciones de trabajadores y un tercero es nombrado por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.

Con esta aprobación Cortizo no solo tendría control sobre la Corte Suprema de Justicia, donde designó seis magistrados, sino que además mantendría el control del ingreso de funcionario a la carrera pública, tema que por año muchos han considerado es político, por permitir que esta dirección siga bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia.

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Cabe señalar que el Tribunal de la Función Pública, solo tenía designada a la magistrada nombrada por la Asamblea y los trabajadores, mientras que el Ejecutivo nunca designó magistrado. Con este proyecto el Gobierno ha dicho que se beneficiarán 48 mil funcionarios, pues se reforma el ingreso especial para que funcionario con dos años o más de laborar en el servicio público puedan ser parte de la carrera administrativa. Pero, esto también acarrearía al Estado la posibilidad de que aumente el gasto en planilla.

De enero a mayo de 2023, se registró el pago de $2,030 millones en salarios a los funcionarios, lo que representa un alza de $38 millones respecto a los primeros cinco meses de 2022.

Este proyecto, en palabras de Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Trabajadores Públicos (Fenasep), es “absurdo, inconsulto y extemporáneo”.

“La Fenasep siempre ha luchado porque se ingrese al régimen de carrera administrativa los más capaces y más idóneos, pero no así como fue presentada, pues solo busca blindar a su clientela” , acotó.

En tanto, el contrato minero mantiene en la calle a estudiantes y dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, así como ambientalistas y ciudadanos que se oponen a que se ratifique el mismo, por considerarlo nocivo para el país y el ambiente.

Blindaje y oportunismo

Que se debatan estos temas considerados “sensitivos” y de gran importancia para el país, en las postrimerías de la actual administración de Laurentino Cortizo, enciende las alarma entre los ciudadanos que aseguran que todo se trata de un “blindaje” y “oportunismo” del actual Gobierno.

Para la presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega Abad, es preocupante que el gobierno esté actuando de espaldas a la ciudadanía en temas tan sensibles para la democracia, especialmente el cambio de la ley de transparencia.

“Es preciso estar alertas y reaccionar con decisión para defender una democracia que costó mucho”, indicó. Dijo que modificar la ley de carrera administrativa para garantizar estabilidad a los militantes del PRD es un episodio que vemos cada fin de mandato. “Se burlan de los derechos de los funcionarios que encuentran cuando llegan al poder y pretenden que se proteja a los que dejan. Es ridículo y solo muestra el poco respeto a la administración pública”, señaló.

Más allá, el abogado y exdirector de la Carrera Administrativa, David Montenegro, planteó que los hechos demuestran que el presidente Cortizo, en alianza con los diputados, no tienen la mínima intención de convocar ni escuchar las propuestas de grupos sociales con respecto a leyes mineras, carrera administrativa, ni transparencia.

Considera que “el gobierno está afanado en imponer autoritariamente leyes ilegales e inconsultas para el beneficio personal, del PRD y de los grupos económicos que han alquilado sus servicios de poder. Nuevamente, es indudable y nefasto para el país la forma perversa de gobernar, que no encuentra tregua ni a escasos meses de su salida”.

Al respecto Haynes añadió que “están tratando de blindarse ellos, su clientela y con el contrato minero, yo calculo que están buscando algunos beneficios económicos que muchos de nosotros no sabemos qué hay debajo de la mesa”.

Así también lo cree el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez. Piensa que la Asamblea y el Ejecutivo intentan blindarse. “Lo que se pretende es dejar armado un blindaje legislativo para los actuales funcionarios. También, como ha ocurrido antes, pero ahora de manera mucho más cruda, proteger a la clientela política”.

Considera que siempre que en democracia se pretenda legislar sobre temas sensitivos, lo deseable es redactar con antelación el anteproyecto de ley respectivo y hacer la más amplia consulta pública posible, tanto con los actores interesados como con la ciudadanía en general.

Por ello, dijo que le resulta curioso que en un gobierno del PRD, “que además se autodenomina dizque torrijista, reclamando aquella frase de que ‘el que más consulta menos se equivoca’, parece haber archivado esa práctica junto al famoso taburete, que se suponía era para no perder el contacto con la realidad”

Pero hay una palabra, que a juicio, del exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, enmarca todo lo que está haciendo la Asamblea Nacional y el Ejecutivo: “oportunismo”.

Manifestó que hay oportunismo, por un lado en el caso de la mina, pues quieren que el contrato quede sellado y resuelto antes de ellos irse y devengar los beneficios que puedan derivar de esa aprobación. Oportunismo en cuanto a tratar de blindar a los funcionarios, especialmente, por el hecho de que todos sabemos que muchos han llegado ahí recientemente, oportunismo en blindarse para que por medio de la ley de transparencia, no se conozcan las cosas feas que de acuerdo con la ley deban saberse de quienes han estado en ocupando los diferentes cargos.

Márquez Amado señala que la población podría percibir que estamos ante una dictadura, “porque los efectos son más o menos semejantes, ya que no se atiende el bien de la comunidad, no es así”. Explica que la dictadura es la concentración de poder en un solo ente, “pero acá estamos hablando de un poder que está tan disperso, que no podemos hablar de una dictadura, sino de gobierno de mediocridad y populacho”.

Otros temas inconsultos

De aprobarse estos temas se sumarían a otros, que ya han sido avalados por el Legislativo como la Ley 351 de 2022 que modifica la Ley de la Contraloría. Incluso esta ley ha sido demandada ante la Corte Suprema de Justicia.

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Al respecto, el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, indicó, entre otras cosas, que “los cambios acelerados e inconsultos a diversas leyes, incluyendo la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Transparencia, están interrelacionados con el objetivo de proteger irregularidades que han sido constantes en la administración Cortizo-Carrizo”, en referencia al vicepresidente y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo.

Recordó, por ejemplo, que la Contraloría ha ajustado con su nueva ley, las responsabilidades de sus funcionarios y ha dado al contralor poder discrecional en casos que afecten el patrimonio público.

De igual forma, señaló que propuestas de cambios en la legislación sobre transparencia complican el proceso de solicitud ciudadana y reducen drásticamente la transparencia en la administración pública. Esto establece un ambiente donde los funcionarios tienen mayor protección frente al incumplimiento de sus responsabilidades, y el ciudadano enfrenta más barreras para exigir cuentas.

Aminta Bustamante

Reportera Política.