La Asamblea Nacional (AN) terminó de sellar el pacto de silencio con el que el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lograron mantener oculta información de carácter público vinculada a auxilios económicos otorgados por el Instituto Nacional para la Formación y Aprovechamiento del Recursos Humanos (Ifarhu): la lista de los beneficiarios se mantendrá en secreto.
El proyecto de ley 977, aprobado en primer debate por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes el pasado 29 de marzo para “eliminar la discrecionalidad en la entrega” de estos recursos, no incluyó el deber de transparentar el uso de los fondos públicos ni su destino. Durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, los “auxilios económicos” que ascendieron casi a $75 millones, fueron manejados en total secretismo y estuvieron en el foco de denuncias por discrecionalidad y tráfico de influencias.
La iniciativa reforma la Ley 1 de 1965 que creó el Ifarhu, surgió en marzo pasado como respuesta a las denuncias de medios sobre beneficiarios allegados al partido de Gobierno -por ejemplo la hija, empleados y sobrino de la diputada Zulay Rodríguez o el hijo de su par de bancada Roberto Ábrego, entre otros- y obliga a demostrar, mediante estudio socioeconómico, que el ingreso familiar de funcionarios que aspiren a la ayuda es inferior a $100 mil anuales, pero obvia la transparencia.
Los diputados se resistieron a incorporar artículos sobre la obligatoriedad de informar o el carácter público de los datos, solicitado por el integrante de la bancada independiente, Gabriel Silva.
De esta manera, la AN se suma a la propia institución, que negó a La Prensa en dos ocasiones la información, y a la CSJ, que rechazó mediante un fallo un recurso de habeas data para ordenar transparentar el procedimiento y sus beneficiarios. La ciudadanía, por lo tanto, seguirá sin conocer cómo se administran los recursos de todos.
El debate
La larga historia de opacidad del Ifarhu, sostenida por la propia institución y avalada por la CSJ, comenzó en agosto de 2021 por una investigación de La Prensa e incluyó pedidos de acceso a información pública que nunca se respondieron y un habeas data rechazado (ver tabla de línea histórica). En marzo de este año, había una posibilidad de que el blindaje llegara a su fin.
El 6 de ese mes los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames, Alina González y Kayra Harding presentaron el proyecto de ley 977 que modifica la norma que creó el Ifarhu. En la discusión de la Comisión de Educación, que lo aprobó tres semanas después en segundo debate, Gabriel Silva vio una oportunidad: solicitó incorporar artículos para transparentar el proceso y los beneficiarios.
Silva conoce bien la tendencia a mantener encerrada bajo siete llaves la información. Él mismo pidió al Ifarhu, amparado en la ley de transparencia -la número 6 de 2002-, la lista de estudiantes que recibieron becas tras las dos negativas de la institución y su director, Bernardo Meneses, a responder los pedidos de acceso de información pública a La Prensa. Como entonces, ahora también lo ignoraron.
Le exigimos al IFARHU que publique todas las becas superiores a $25 mil
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 13, 2022
Las becas deben ser para quienes tienen necesidad comprobada o los méritos necesarios. No por ser amigo, familiar o conocido de un político. Veamos pic.twitter.com/wHo81pf8hT
Los comisionados del PRD Fernando Arce y Rupilio Ábrego (suplente de Benicio Robinson) se manifestaron en contra. Ábrego, en cambio, habló de la importancia de aprobar esta iniciativa para eliminar “ciertos sesgos que causan morbo en los medios de comunicación”. Arce, por su lado, dijo que esta es la respuesta institucional después de los escándalos denunciados en los medios.
La presidenta de la Comisión, Alina González, habló de “tergiversación del auxilio”, sin dejar claro si se refería a su uso o por las publicaciones de los medios. Y advirtió que si bien estaría de acuerdo con publicar la lista de los beneficiarios “porque el que nada debe nada teme”, no sería prudente porque hay menores de edad. Como ya se había hecho antes, aludió la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre protección de datos personales como excusa.
Luis Carles directamente atacó esas publicaciones en medios y redes porque, según él, no difunden las cosas positivas del Ifarhu, como la gran cantidad de becas, créditos y auxilios que se entregan correctamente.
No se trata de poco dinero. Solo entre 2019 y 2022, el Ifarhu invirtió $74.7 millones en auxilios económicos. Fueron entregados a 5 mil 930 personas. De muy pocas se conocen sus nombres. Por los que saben, por las publicaciones de medios, las sospechas de otorgamiento discrecional y la necesidad de transparentar la información están fundadas.
Reforma no afectaría a diputados y ministros
Durante el debate se presentó el informe de una subcomisión que analizó quiénes pueden acceder a las becas, en la que participaron los diputados González, Tito Rodríguez (del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista) y Dalia Bernal (de Cambio Democrático).
La propuesta de Adames, Harding y González dice en su artículo 3 lo siguiente: “Los funcionarios públicos, docentes universitarios y demás estudiantes panameños que requieran un auxilio económico para estudios superiores en universidades del país o extranjeras, se deberá comprobar mediante un estudio socio económico que su ingreso familiar es inferior a los B./50,000.00 (cincuenta mil dólares) anuales, de lo contrario no podrá ser beneficiado con un auxilio económico (Sic.)”.
Rodríguez sugirió que se duplicara el ingreso familiar como requisito para poder calificar, porque tal como está redactado excluiría a un importante sector de la clase media. La posición, respaldada durante el debate por González y Bernal, fue acompañada por la mayoría de los integrantes.
Carles dio el ejemplo de una pareja de médicos, que ganan un promedio de $5 mil al mes para secundar: “¿Por qué no se le puede reconocer que su hijo vaya a estudiar una especialidad que nosotros como país requerimos?”.
Lo que no dijo Carles ni el resto de los diputados -con excepción de Silva, que se opuso en este punto-, es que aspirantes al auxilio de familias con ingresos superiores a los $50 mil califican para créditos en el Ifarhu, lo que es mucho más difícil para familias con menos ingresos. Además, si sus hijos son brillantes pueden ganar las becas por concurso, que no tienen estas restricciones.
Con la salvedad de Silva nadie hizo referencia a que nuevamente se garantizan las becas para ministros y diputados, porque cobran menos de 100 mil dólares por año y porque no se los excluyó directamente en la reforma.
Todo sigue igual
Tras una sucesión de escándalos por el manejo secreto de los recursos en el Ifarhu, todo sigue igual. Primero fue la propia institución la que negó la información ante dos pedidos de La Prensa para conocer los montos de becas otorgados a 33 personas, entre ellas, funcionarios como una ministra de Estado y el listado de beneficiarios de ayudas por montos mayores a $50 mil. Después fue la Corte, que rechazó mediante un fallo acceder a ellos y anuló así el alcance de la Ley de Transparencia, declarando confidencial el uso de dinero del Estado. Ahora es el Órgano Legislativo.
El fallo, basado en falsas premisas, además revela una resolución que aprobó el Ifarhu a principios de agosto de 2021, tres semanas antes de que llegara la petición de La Prensa. #LaPrensaSecuestrada informa https://t.co/v1XrEXr6HX pic.twitter.com/NKX5wyg5NL
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 25, 2022
“Los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”, dijo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y agregó que es un requisito indispensable para “el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública”, porque no hay sistema democrático representativo y participativo posible sin una ciudadanía ejerciendo sus derechos constitucionales, como “el libre acceso a la información”.
Así las cosas, las personas que aplicaron podrán consultar online si fueron seleccionadas, pero solo ellas y la institución sabrán si lo fueron o no. Y es que, para averiguarlo, el sistema online requiere del ingreso del número de cédula y la contraseña del consultante en www.ifarhuconcurso.gob.pa: son condicionamientos al derecho de acceso de información pública y el deber de las instituciones del Estado de transparentar cómo usa y a dónde van los recursos.
Algunos de los beneficiados
Hubo familiares y allegados al partido de gobierno beneficiados con las “ayudas económicas”, cuyo espíritu es posibilitar que gente sin recursos acceda a la educación.
Entre ellos, sobresalen allegadas a diputados, funcionarios y otros políticos como Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y la antigua asistente del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses ($81 mil).
También la hija de la diputada Zulay Rodríguez, Paola Testa, recibió $61 mil), aunque el reglamento del Ifarhu establece que para recibir la ayuda el estudiante deberá sustentar la necesidad económica y su padre aparece en la planilla de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con un salario de $18 mil 304, mientras que Zulay recibe $7 mil mensuales como diputada.
