El pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tercer debate el proyecto de ley 650, el cual modifica el procedimiento de compra para los municipios y juntas comunales del país. Dicha iniciativa legislativa, presentada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el perredista Javier Sucre, ya había sido objetada parcialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
La Asamblea aprobó nuevamente el proyecto de ley, con modificaciones. Se aprobaron distintos procedimientos para compras menores a los $50 mil. Las compras menores de $5 mil se harán de forma casi directa y con pocos trámites, pues se manejarán a través de la caja menuda de las juntas comunales y los municipios. Las modificaciones especifican que no se podrá dividir materia, es decir, fragmentar el monto de la compra.
Para compras entre $5 mil y $10 mil se requerirá hasta tres cotizaciones y sí será necesario contar con el refrendo de Contraloría.
Las compras entre $10 mil y $50 mil deberán publicarse “por medios tecnológicos”.
Se estipula que, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, se adjudicará al precio más bajo “sin mayor trámite”. En caso de que se tenga un solo proponente, se volverá a convocar la compra y si entonces llega un solo oferente, se le adjudicará si cumple con los requisitos.
Se aprobó permitir la participación de las micro y pequeñas empresas que no estén en el registro de proponentes de Panamá Compra.
Cortizo objeto el proyecto y lo devolvió a la Asamblea, el 31 de mayo de 2022. En su escrito de objeción se detalla que lo planteado en el proyecto de ley entraba en conflicto con la Ley 22 de 2006, que rige el proceso de compra de todo el aparato estatal.
Otro punto clave, además, se refería a que no se hacía una distinción entre los gobiernos locales en áreas rurales y los localizados en áreas semiurbanas y urbanas. Cortizo argumenta que la propuesta “no tiene en cuenta las asimetrías por razón de los niveles de desarrollo”. Sostiene que una “dispensación de los procedimientos de contrataciones menores” tiene sentido en municipios rurales y comarcales. No obstante, consideró que una excepción general no se justifica.
Antes de la objeción oficial por parte de Cortizo, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, emitió una opinión sobre la viabilidad de este proyecto de ley. A su juicio, no se debía modificar la Ley 106 de 1973, sobre régimen municipal, pues la contratación pública se regula a través de la Ley 22 de 2006. Para González, si el objetivo de la ley es agilizar las compras menores de los municipios, se debe modificar la Ley 22.
Durante su presentación y en el debate que se le ha dado a lo interno de la Asamblea, la iniciativa se plantea como un mecanismo para mitigar los efectos de la desigualdad que existe en el país y que afecta a la administración de los municipios y juntas comunales.
La discusión
Solo dos diputados tomaron la palabra en el segundo debate del proyecto de ley 650, el pasado 25 de octubre.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez se refirió a “la premura” con la que se llevó a cabo la discusión. Aseguró que ni él ni algunos de sus colegas tenían en sus manos el paquete de modificaciones que se pretendía aprobar y que acababa de ser leído por la subsecretaria de la Asamblea, Dana Castañeda.
Vásquez dijo coincidir con las consideraciones de Cortizo. Aseguró que el proyecto de ley aprobado pareció dejar de lado una de las motivaciones iniciales, que era facilitar la participación en compras menores de pequeñas empresas locales.
“Se concentró en crear un procedimiento excepcional, poco transparente, con poca fiscalización y con poco seguimiento de documentos para juntas comunales y municipios”, dijo Vásquez en segundo debate.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, aseguró que quienes se oponen al proyecto, “no conocen la realidad que viven los representantes de corregimientos”.
Mencionó que, muchas veces, las juntas comunales deben hacer compras menores para suplir necesidades de la comunidad.
Se refirió directamente a Cortizo y aseguró que el presidente tampoco conoce la realidad de los gobiernos locales. “Solo fue diputado” en los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Mireya Moscoso (1999-2004), dijo Salazar. “¿Qué van a saber, si nunca han sido representantes en su bendita vida?”, agregó Salazar ante el pleno.
El segundo debate, el proyecto de ley 650 se aprobó con 54 votos a favor y 4 votos en contra. Fue aprobado el 26 de octubre en tercer debate y será enviado, nuevamente, al Ejecutivo.
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