No existe ninguna norma que obligue a los diputados de la Asamblea Nacional a entregar información sobre sus gastos y las actividades que realizan en el desempeño del cargo. La actual legislación sobre declaración patrimonial “está desfasada en exceso y carece de los requisitos mínimos” para ser considerada un instrumento de transparencia. No cuenta con canales apropiados para atender los múltiples aspectos de una participación ciudadana integral, lo que promueve la opacidad en la labor legislativa.
Estas son algunas de las conclusiones del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL), que fue presentado este miércoles 3 de abril, en un evento organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El ILTL 2023 ubicó a Panamá en el puesto 10 de 14 países evaluados. Lo calificó con una nota de 38.93%, en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto. Los números son similares a los de 2020, año en que el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%.
Aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%) no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que sí lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador.
El estudio pone a Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras. La investigación se hizo pública a 32 días de las elecciones generales del próximo 5 de mayo en un acto en el auditorio del Tribunal Electoral (TE), ante la presencia de candidatos a distintos puestos de elección, sociedad civil, miembros de organizaciones internacionales, medios de comunicación, entre otros.
Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, recordó que las asambleas deben ser transparentes, accesibles y cercanas al ciudadano, pero la realidad está muy lejos de estas características. “Urge construir la ilusión por la democracia y sus instituciones”, manifestó.
Hernán Larraín Fernández, expresidente del senado de Chile, dictó la conferencia magistral llamada Fortalecimiento de la Democracia a través de la Transparencia Legislativa. Luego de hacer un recuento sobre la salud de la democracia de Panamá y la región, habló sobre los objetivos y los mecanismos de la transparencia: la misma transparencia, el derecho de acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la integridad, probidad para combatir la corrupción. “En la opacidad solo puede crecer la corrupción”, manifestó.
Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, presentó la investigación. “Lo que el índice arroja es que el problema principal de la opacidad en la Asamblea está en sus roles, está en su reglamento interno. Tiene una gran cantidad de vacíos precisamente para generar la discrecionalidad”, manifestó.
Destacó que la peor calificación se obtuvo en lo que concierne al presupuesto. “Nos falta mucho todavía por la transparencia”, añadió. Mientras que el tema con el que la Asamblea Nacional fue mejor calificado es el relativo a la normatividad. “Tenemos las leyes, tenemos el reglamento, pero eso no se aplica”, explicó.
Palabras de @Okideobaldia, Directora Ejecutiva de @LibertCiudadana, en el marco de la presentación de los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. #ILTL2023 https://t.co/xwP8Sqhqk2
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) April 3, 2024
El ILTL 2023 evaluó cuatro aspectos:
Normatividad, que toma en cuenta la existencia de leyes y reglamentos respecto a temas de transparencia y participación. En este asunto, Panamá sacó 55.3%. En 2020 obtuvo 15.5%.
La labor del congreso, que mide las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo de la función legislativa. La Asamblea local obtuvo 47.9% versus el 48.6% que tenía hace dos años.
Presupuesto y gestión administrativa, que evalúa el nivel de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para la labor del congreso. Panamá fue calificado con 9.8%, mientras que en 2020 le dieron una nota de 11.8%.
Participación ciudadana, que mide la existencia de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en los diferentes procesos legislativos. El palacio Justo Arosemena sacó 46.3% y en 2020 obtuvo 50%.
Una mesa redonda analizó los Retos y oportunidades para la Transparencia Legislativa en Panamá. En esta dinámica participaron Leah Cedeño, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico; Carlos González, gerente de proyectos de IDEA Internacional Panamá; Hernán Larraín Fernández, expresidente del Senado de Chile; Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del TE; y Juan Diego Vásquez, diputado independiente.
