La extinción de dominio y el debate del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional son dos temas que dividen a la opinión pública y a los diputados. Ambos se mantienen pendientes de debate.
Con estos dos asuntos volverá a enfrentarse la gestión del diputado perredista Crispiano Adames, quien hoy, 2 de enero, empieza el último semestre de su periodo como presidente del Legislativo.
Dichos temas se encuentran estancados en la Asamblea, pese a que uno fue una promesa de campaña de Adames para ser presidente del Legislativo. En cambio, Adames y la mayoría de los diputados de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) enfocaron sus esfuerzos en los primeros seis meses del cuarto periodo (julio-octubre 2022) en reformar la Ley 39 de 2009, que descentraliza la administración pública del país.
En ese lapso, se avalaron al menos cuatro reformas para modificar dicha norma en busca de beneficiar a los gobiernos locales [juntas comunales y alcaldías], que en su mayoría son controlados por perredés. Dos propuestas fueron sancionadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo y otras dos rechazadas.
Precisamente, una de estas iniciativas avaladas por Cortizo -a quien hoy lunes le corresponde dar un informe a la nación desde la Asamblea sobre su gestión en estos cuatro años de gobierno- es la que le permite a los municipios del país disponer de una caja menuda de $5 mil para realizar compras menores. Se trata del proyecto de ley 650, ahora Ley 349 del 14 de diciembre de 2022. Esta reforma en un principio fue objetada por el Ejecutivo, señalando que se creaba un procedimiento distinto al planteado en la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, en cuanto a compras menores a los $50 mil.
Así las cosas, la nueva norma indica que las compras menores de $5 mil se harán de forma casi directa y con pocos trámites, pues se manejan a través de la caja menuda de las juntas comunales y los municipios. Las modificaciones especifican que no se podrá dividir materia, es decir, fragmentar el monto de la compra.
Para compras entre $5 mil y $10 mil se requerirá hasta tres cotizaciones y sí será necesario contar con el refrendo de Contraloría. Mientras que las compras entre $10 mil y $50 mil deberán publicarse “por medios tecnológicos”. Este proyecto fue objetado, en su momento, por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien dijo que “se concentró en crear un procedimiento excepcional, poco transparente, con poca fiscalización y con poco seguimiento de documentos para juntas comunales y municipios”.
Con el reinicio de las sesiones ordinarias desde la sociedad civil se avizoran pocas esperanzas de que se aprueben proyectos como la extinción de dominio o el Reglamento Interno de la Asamblea. Consideran que los diputados se abocarán a la campaña política que arranca de lleno este año con la celebración de las primarias de los partidos políticos.
Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana, manifestó que tiene “poca esperanza” de que se pase la ley de extinción u otras leyes. “Sinceramente no veo tampoco a esta Asamblea con la proactividad de que se pasen nuevas leyes, sino más bien postergar para enfocarse este año al inicio de las campañas para empujar aquellas que los beneficien en imagen y ayuden a sus partidos”. Añadió que “como ciudadanos, seguiremos empujando para que las de importancia y prioridad para que el país pueda progresar, aunque sea difícil jalar una carreta tan pesada, cargada de tantos corruptos y maleantes”.
Mientras que el abogado Rubén Elías Rodríguez planteó que posiblemente los diputados corran a aprobar un nuevo contrato con Minera Panamá. Algún otro proyecto del día, pero eso del Reglamento Interno y la extinción de dominio, la aprueban a su mejor conveniencia, días antes de finalizar su período del 2024, aseguró.
Se espera que hoy el presidente Cortizo, según fuentes presidenciales, haga un resumen de su gestión, y que aborde temas del vale digital y la situación con Minera Panamá.
