El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de ley que buscaba regular situaciones de conflicto de interés en la administración pública. La iniciativa fue impulsada por el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva y respaldada por sectores de la sociedad civil organizada que buscan que el país aplique medidas anticorrupción.
En la campaña presidencial de 2019, Cortizo suscribió el Reto Transparencia 2019 que impulsó en ese entonces la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
En un acto público, el entonces candidato del Partido Revolucionario Democrático, al igual que la mayoría de los aspirantes a la Presidencia, firmó un documento mediante el cual se comprometió a llevar adelante, desde el Ejecutivo, un completo y extenso paquete de medidas anticorrupción.
Entre ellas, se incluía una iniciativa de ley sobre el conflicto de interés. Pero en tres años el Ejecutivo no ha presentado nada sobre este tema. La Asamblea Nacional, en tanto, discutió el proyecto de Silva.
“Pareciera que quedó en palabras el compromiso para combatir la corrupción”, publicó Silva en su cuenta de Twitter tras conocer el veto presidencial el jueves 9 de junio.
Presidente acaba de vetar la Ley que regula el conflicto de intereses en el sector público
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 9, 2022
Ley indispensable para reducir la corrupción
¡Ley que el presidente se comprometió en campaña a impulsar!
Pareciera que quedó en palabras el compromiso para luchar contra la corrupción https://t.co/PqyIsqnuL1
En el documento en el que se exponen las razones para el veto, Cortizo detalla que seis artículos del proyecto son “inconvenientes” y dos son “inexequibles” (no viables).
Por ejemplo, Cortizo dice que en varios artículos vetados debe usarse la frase “intereses particulares” en vez de “intereses personales”.
También cuestiona la falta de competencia que tendría la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para investigar y dictar sanciones administrativas.
En otro punto citado por Cortizo es que el proyecto obliga al servidor público a guardar reserva de la información a la que tenga acceso. Cortizo sustenta que solo debería ser la información de acceso restringido.
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, este veto “es un ejercicio que raya en la superficialidad en sus argumentos”. Alega que, por ejemplo, el propio proyecto de ley plantea facultar a la Antai para investigar y dictar sanciones.
Agrega que el contenido del veto presidencial sorprende, ya que en la mesa de trabajo donde se trabajó para elaborar y analizar la propuesta de Silva, el Ejecutivo tuvo participación precisamente mediante la Antai.
En resumen, la Fundación Libertad Ciudadana considera que esta decisión muestra “una clara falta de voluntad política hacia la transparencia”.
Compromisos sin cumplir
Además de una ley de conflicto de interés, con la firma del Reto Transparencia 2019, Cortizo se comprometió a impulsar iniciativas legislativas sobre declaraciones patrimoniales, protección de denunciantes y una ley anti-soborno, entre otras. También se comprometió a impulsar actualizaciones y reformas a la ley del Tribunal de Cuentas y la Ley de Transparencia.
Advierten que en tres años de gobierno el Ejecutivo ha fallado en utilizar su iniciativa legislativa para impulsar la agenda anticorrupción.
“Hacemos un llamado a la bancada independiente para que continúen su labor en pos de un marco jurídico que nos ayude a prevenir la corrupción”, plantea De Obaldía. De momento, la Asamblea se encuentra en receso hasta la nueva legislatura, que empieza el 1 de julio.
El proyecto de ley podrá revisarse en segundo debate e incorporar los cambios para enviarlo nuevamente a consideración del Ejecutivo.
