Asesores de la Contraloría cuestan $3.6 millones al año

Después de la cuestionada Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República (CGR) es la entidad del Estado que más asesores tiene nombrados dentro de su planilla, aunque eso no ha contribuido en mejorar su función fiscalizadora.

Todo lo contrario. Durante esta gestión, el contralor, Gerardo Solís, ha sido cuestionado por una deficiente supervisión en el uso de los fondos de la descentralización y también por no solicitar rendición de cuenta a varias entidades rodeadas de escándalos.

La Contraloría en 2010 contaba con 38 asesores, pero ahora en 2023 tiene 144 asesores, lo cual representa un incremento de 279%. De momento, solo es superada por la Asamblea Nacional, la cual cuenta en su planilla con 412 asesores.

En términos de dinero, la entidad fiscalizadora pasó de pagar por año $622,116 en 2010 a $3.6 millones de forma anual en 2023, de acuerdo con sus propios reportes. Lo anterior supone un aumento de 480% en el pago a este tipo de funcionarios.

La mayoría de los cargos corresponden a asesor legal y asesor económico, mientras que los salarios varían. Por ejemplo, los primeros pueden ganar entre $1,500 y $3,600, en tanto, los segundos entre $1,800 y $3,200.

Otras entidades

Luego de la Contraloría hay otras entidades que también destinan millones al año en asesores. De hecho, el Ministerio de Educación cuenta con 43 asesores a los que paga al año $1.7 millones, le sigue el Ministerio de Gobierno con 37 asesores que le cuestan $1.5 millones por año y el Ministerio de la Presidencia con 31 asesores con salarios anuales que representan $1.5 millones.

Como ya se dijo, la Asamblea Nacional es la entidad con más asesores. Las estadísticas precisan que tiene contratados a 412 asesores que cuestan al año $14.4 millones, una cifra elevada si se compara con hace 13 años: en 2010 tenía 81 asesores y destinaba en salarios $1.9 millones.

Uno de los que ha seguido de cerca este tema es el abogado y candidato a diputado, Ernesto Cedeño, quien en el año 2022 presentó una denuncia a la Fiscalía General de Cuentas para que llevara a cabo un audito a la planilla de la Asamblea Nacional.

A raíz de eso, la Fiscalía de Cuentas hizo la petición a la Contraloría, pero cuenta Cedeño que esta última no hizo nada. Así lo define: “Hay una especie de pacto de no agresión. Ni el contralor le pide rendición de cuenta la Asamblea y viceversa. Esto es un pacto de bochorno”.

En palabras del jurista, no se justifican tantos asesores ni las elevadas planillas, tanto en la Asamblea como en la Contraloría.

“La gestión del contralor ha sido deficiente, en términos de fiscalización. Estos asesores cubren puestos políticos”, acotó.

Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, señaló que en la organización realizaron una investigación de salarios de los asesores de la Asamblea, tomando en cuenta los datos hasta el año pasado.

“Encontramos 342 asesores, entre los que se destacan 75 asesores legales, 65 asesores técnico especializado, 40 asesores rango I y 162 Asesores rango II. Esto sin contar los Asesores que trabajan en los despachos contratados bajo la planilla 002″, detalló.

A su juicio, es “evidente” que no hay esta cantidad de funcionarios laborando físicamente en la Asamblea Nacional.

Débil fiscalización

Este año, el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista advirtió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que son “muy pocos” los expedientes de auditoría nuevos que reciben por parte de la Contraloría General de la República.

Cigarruista culpó de eso a la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (la Ley 32 de 1984) y la ley que adopta la jurisdicción de cuentas en el país (la Ley 67 de 2008).

“Nosotros, en el Tribunal de Cuentas, lo advertimos: que esta ley era nefasta para el país y que esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción”, dijo en aquel momento.

También recordó que esa normativa le quitó a los auditores de la Contraloría todo tipo de responsabilidad patrimonial, un privilegio que -remarca- no tiene ningún otro funcionario del país.

Dicha Ley 351 fue demandada en la Corte Suprema de Justicia por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Este recurso legal fue admitido este año y está bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.

Incluso, ya la Procuraduría de la Administración emitió su concepto al señalar que en su momento que son inconstitucionales al menos siete artículos de la citada ley. Uno de ellos es el artículo 1, que impide al Ministerio Público y a la Jurisdicción de Cuentas solicitar a la Contraloría el inicio de investigaciones.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor sección política