El lunes 31 de marzo, día en que expiraba el salvoconducto que le otorgó el gobierno panameño para viajar a Nicaragua, Ricardo Martinelli se preparó para lo que parecía ser su partida definitiva hacia el país que le concedió asilo político desde el 7 de febrero de 2024.
Vestido con un traje oscuro y una gorra con la frase I’ll be back (volveré), el expresidente se tomó fotos junto a su equipo legal en un salón de la embajada nicaragüense, ubicada en La Alameda.
Sus abogados Roniel Ortiz, Shirley Castañeda, también diputada de Realizando Metas, y Jessica Canto, entre otros, brindaron con champán Moët & Chandon mientras allegados cargaban maletas en vehículos 4x4 con rumbo al aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, la terminal aérea desde donde supuestamente partiría el exmandatario y su comitiva.
La lista de viajeros estaba finiquitada. A Managua viajarían la embajadora de Nicaragua en Panamá, Jessica Padilla Leiva; las abogadas Canto y Castañeda, al igual que Roniel Ortiz y Alfredo Vallarino, además de Luis Eduardo Camacho. En la comitiva también estaba el perro Bruno, la mascota de Martinelli.
La treta de los Ortega
Pero el avión nunca despegó. Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, a media tarde del lunes, declaró en un canal de televisión de su país que no recibiría a Martinelli hasta que no se aclarase la situación con una alerta roja de Interpol. De paso, acusó al gobierno de José Raúl Mulino de mantener una conducta hostil y de bloquear la participación de Nicaragua en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
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Murillo criticó la actuación de las autoridades panameñas, que otorgaron un salvoconducto a Martinelli y posteriormente solicitaron la emisión de una alerta roja internacional. “Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las convenciones internacionales”, agregó.
De acuerdo con el abogado Rodrigo Noriega, la maniobra diplomática de Murillo ha puesto un precio explícito al asilo territorial del expresidente Ricardo Martinelli. Esta táctica es habitual en negociaciones con países como Cuba, Venezuela y la propia Nicaragua, un “¿qué hay pa’ mí?” en el ámbito internacional. La emboscada no está dirigida contra el exmandatario Martinelli, como sugiere el comunicado, sino contra el presidente José Raúl Mulino.
Mientras que el internacionalista Euclides Tapia, escribió: “Dada la dinámica actual y el desgaste político derivado de la situación del Secretario General, la alternativa más pragmática para Nicaragua, en vez de utilizar el asilo al expresidente Ricardo Martinelli, para intentar chantajear a Panamá, obligando a votar por su candidato; sería optar por un retiro parcial, centrado principalmente en los órganos políticos y de gobernanza”.
Cruce de comunicados
El origen del conflicto se dio el domingo 30 de marzo, cuando Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, anunció que había recibido una alerta de Interpol contra Martinelli, solicitada por la jueza Baloisa Marquínez, quien gestionó el caso New Business. Este proceso derivó en una condena de más de 10 años de prisión contra el exmandatario por blanqueo de capitales. La noticia generó un inmediato cruce de comunicados entre los gobiernos de Panamá y Nicaragua.
Aunque la Cancillería panameña insistió en que el salvoconducto seguía vigente y que ninguna alerta de Interpol podía impedir el viaje, la Policía Nacional emitió un nuevo comunicado esa misma noche: la solicitud de alerta roja había sido rechazada porque Martinelli ya contaba con asilo político otorgado por Nicaragua.
Contra Martinelli pesan dos órdenes de detención expedidas por la jueza Baloisa Marquínez: una por el caso New Business y otra también por blanqueo de capitales a través de coimas entregadas por la empresa Odebrecht.
La prórroga
Después de las 7:00 p.m., el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que extendió el salvoconducto a Martinelli por 72 horas.
A través de un comunicado este ministerio informó que “el Gobierno de la República de Nicaragua ha solicitado aclaraciones sobre una aparente alerta emitida por Interpol, la cual fue rechazada por improcedente de acuerdo al Artículo 2 del Estatuto de Interpol”.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comunicó al canciller Javier Martínez Acha que no tenía observaciones sobre el asilo y el salvoconducto otorgado al expresidente de la República, dado que es una facultad del Órgano Ejecutivo ajena al poder judicial. La nota lleva la firma de la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López.
“Tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado, el Gobierno Nacional ha decidido extender la vigencia del salvoconducto por un plazo adicional de setenta y dos (72) horas, hasta el final del día jueves 3 de abril de 2025″, se lee en la nota de prensa.
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