La Autoridad Nacional de Descentralización (AND), rompió el silencio. En un extenso comunicado justificó el desvío de millones de dólares a gobiernos locales controlados por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), ponderó su “transparencia”, ensalzó el papel de la Contraloría en la fiscalización de los recursos y eximió a los diputados.
Se trata de la primera vez que la institución que dirige Edward Mosley Ibarra, se pronuncia luego de que La Prensa diera a conocer que entre 2021 y 2023, la entidad ordenó pagos por $202.4 millones a 475 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la ley. Buena parte de esos fondos llegaron a juntas comunales y municipios del PRD, precisamente en época electoral.
La transparencia según la entidad
Pero la AND dice que su labor es “impulsar y facilitar” el proceso de descentralización y que el mismo no puede verse afectado por “discursos políticos electorales u otros intereses” que desconozcan el proceso y las necesidades de las comunidades.
La nota de prensa contiene un destacado llamado “transparencia” y allí se asegura que los recursos transferidos “están debidamente detallados en el presupuesto general del Estado”, el cual se publica en la Gaceta Oficial. Sin embargo, una revisión a ese documento permite establecer que no es así, pues sólo contiene algunas cifras generales relacionadas con el monto que le fue asignado a la entidad para el 2023 y algunos detalles de lo que gastarán en funcionamiento e inversión.
La AND también afirma que “estas asignaciones presupuestarias han sido discutidas y analizadas en sesiones públicas” y añaden que el 7 de septiembre de 2022 se sustentó el presupuesto de la entidad (en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional), que contó con la participación de los medios de comunicación, las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el escrutinio de los diputados.
Hasta el momento, no se han celebrado sesiones públicas para discutir el tema. Por el contrario, Ibarra se ha negado a informar cuáles son los gobiernos locales a los que se les ha transferido recursos, cuántos millones son y cuál es el criterio para entregar los millones. Lo que hasta ahora se sabe es precisamente por la investigación periodística de este medio.
Mientras que el día que Ibarra sustentó el presupuesto para 2023, su intervención fue de las más cortas. Duró alrededor de 12 minutos, y eso porque al final pidió que se le permitiera poner un video de promoción de la entidad. Ese día ningún diputado le pidió cuentas de los dineros asignados a la institución y su paso por la comisión fue expedito, por lo que no hubo escrutinio.
El papel de la Contraloría
El comunicado también habla de “control fiscal” y asegura que la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, realiza el “control pertinente” de cada transferencia a las juntas comunales y municipios.
Pero, la Contraloría se ha negado a explicar su rol en la fiscalización y control de estos fondos públicos. En una carta que esa institución mandó recientemente al diputado independiente Juan Diego Vásquez, afirma que no “tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes junta comunales o municipios”.
“Diputados no forman parte del proceso”
El comunicado también “aclara” que “los diputados no forman parte del proceso de descentralización, ni están contemplados por ley como destinatarios de la transferencia de los recursos”.
Este discurso se desmonta solo con una mirada a las transferencias de la descentralización paralela. Por ejemplo, juntas comunales de Bocas del Toro comandadas por representantes de corregimiento leales al diputado Benicio Robinson, presidente del gobernante PRD, han recibido $28.9 millones. Mientras que Juntas comunales de Capira (Panamá Oeste) dirigidas por representantes que responden a la diputada de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego, han recibido $4.2 millones entre 2021 y 2021, pero $3.3 millones se transfirieron entre marzo y mayo, en medio de los procesos internos que libra CD.
La práctica no es nueva. En febrero de 2018, el entonces contralor Federico Humbert, entregó al Ministerio Público 223 cajas numeradas con el resultado de auditorías que probaban que 70 diputados se distribuyeron más de $247 millones en cinco años (2009-2014) y que los mismos fueron triangulados a través de juntas comunales. También enumeró irregularidades detectadas en las auditorías, como facturas falsas y falta de documentos para sustentar millones de dólares en transacciones. Sin embargo, ese proceso judicial avanza a paso lento y se desconocen resultados concretos.
En lo que va del gobierno de Laurentino Cortizo, la AND ha tenido dos directores: Francisco Vigil, exalcalde David y dirigente del PRD. Vigil salió del puesto días antes de las elecciones internas del colectivo oficialista (mayo de 2022) cuando las facciones del vicepresidente José Gabriel Carrizo y las de Robinson, se enfrentaban por los puestos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Lo reemplazó Ibarra, cuya gestión también ha estado marcada por la opacidad en el manejo de los millonarios recursos.
