La Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), entidad envuelta en el escándalo conocido como la “descentralización paralela”, cerrará con gastos de $1,164.8 millones durante esta administración gubernamental.
Como se recordará, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, elevó la Oficina de Descentralización al rango de Autoridad Nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 587 del 23 de septiembre de 2020, con el propósito de dar “más autonomía y agilidad en los trámites y fortalecimiento a los gobiernos locales”.
Así las cosas, dicha entidad recibió su primer gran presupuesto en 2021 de $260.3 millones, pero al cierre del año, el gasto ascendió a $311.7 millones. Esta tendencia continuó en los años siguientes: en 2022, el presupuesto pasó de $286.1 millones a $300.8 millones; en 2023, de $353.1 millones a $369.9 millones; y en 2024, de $182.4 millones a $182.4 millones, con datos actualizados hasta mayo.
La sumatoria de lo gastado por la Asamblea Nacional en estos ejercicios fiscales alcanza los $1,164.8 millones, y el año 2024 todavía no termina, lo que representa una cifra que inquieta a figuras políticas y de la sociedad civil, si se toma en cuenta que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al director de la AND, Edward Mosley Ibarra, para impedir que el procurador de la Administración, Rigoberto González, investigue los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En otras palabras, con esa decisión es imposible saber cuántos de esos millones que recibió la Autoridad de Descentralización como presupuesto fueron utilizados de manera ilícita.
Las críticas
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, sostiene que tanto esa cifra de la AND como la cifra del presupuesto que ha manejado la Asamblea Nacional en estos cinco años ($950 millones) deben ser investigadas.
Para Olga de Obaldía, directora de la organización, deben rendir cuentas sobre el uso y destino de esos fondos todos los involucrados en esa cadena de manejos opacos que ha permitido semejante discrecionalidad en el uso de los fondos públicos.
“No hay manera de ver estos montos sumados a la falta de transparencia y no preguntarse cuánto de estos fondos se pueden haber usado en esquemas clientelares, abusivos o fraudulentos, o haber generado asimetrías o delitos en la campaña electoral. La única manera es a través de auditorías realmente independientes. ¿Se harán?”, se preguntó de Obaldía.
De hecho, una investigación del diario La Prensa reveló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales controladas por militantes o aliados del PRD, fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización.
Fiesta con los fondos
Dicho esquema, conocido como “descentralización paralela”, fue criticado e incluso abogados como el actual diputado electo, Ernesto Cedeño, solicitaron que se investigara el tema, así como la conducta de los funcionarios que hicieron viable el uso de dichos fondos, sobre todo en tiempos en que se desarrollan campañas políticas.
A juicio de Cedeño, hay una debilidad en la transparencia y no hay a dónde acudir para que los responsables de la AND informen cómo se distribuyeron estos fondos.
“Es lamentable que no se rinda cuentas y esperamos que la nueva administración gubernamental (2024-2029) nombre a un director de esta entidad que rinda cuentas”, acotó.
“Están haciendo fiesta y le están sacando la lengua al pueblo porque nadie fiscaliza”, aportó.
En esa misma línea se manifestó la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, quien dijo que todo indica que podría haber un desvío o uso indebido de fondos.
Así lo resumió Gómez: “Se ha negado [Mosley Ibarra] a presentar de manera transparente toda esa documentación, incluso recurriendo a la Corte para ampararse. El que no tiene nada que esconder lo muestra y uno llega a pensar que los espacios grises de la ley fueron usados de manera política para la distribución de esos fondos”.
