Odebrecht parece tener reemplazo en la acaparación de obras públicas en Panamá. La empresa Bagatrac, S.A. no para de ganar contratos con procesos dudosos. Desde 2019 hasta la fecha ha obtenido, al menos, nueve proyectos, por un total de $268 millones.
Aunque empezó a hacer obras para el Estado nueve años antes de que Laurentino Cortizo asumiera la Presidencia, a partir de julio de 2019, su buena suerte mejoró: consiguió, al menos, el 70% de los actos en los que participó para convertirse en contratista del Estado.
La primera obra con el actual gobierno fue una muestra de lo que vendría. Fue por $84 millones, para construir una vía desde la Panamericana hasta Cerro Punta. Fue un proceso cuestionado por la falta de planos, estudios de impacto ambiental y aforos, requisitos obligatorios en el pliego. Y si bien tampoco ofreció el precio más bajo, terminó obteniendo el mejor puntaje en el proceso de licitación, tal como ocurría en los actos públicos en los que participaba –y ganaba– Odebrecht.
¿Por qué el Ejecutivo sigue contratando a una empresa que no ha logrado cumplir con requisitos importantes en el primero de sus contratos?
En la lista de logros de Bagatrac figura haber sido donante de campaña del presidente Laurentino Cortizo y haber triangulado la venta de un terreno en Boquete al diputado Benicio Robinson (PRD), donde se construye una residencia de campo. Y, por supuesto, tener experiencia en el pago de sobornos. El fundador y presidente de Bagatrac es Alberto Jurado Rosales, a quien la picardía popular del occidente del país lo apodó: “Beto Bagatrac”.
Una cara familiar
Viejo conocido en tierras altas, Jurado compitió en 2019 para representante en el corregimiento de Tijeras por el partido de gobierno (PRD), y ganó. Antes de eso, supo amoldarse a los códigos de gestión del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
En marzo de 2018, confesó haber pagado coimas –que sumaron más de $3 millones– a funcionarios de ese gobierno, a cambio de obtener contratos. Este caso es el que se conoce como Blue Apple. El proceso aún continúa sin condenas. En la actualidad, Jurado es precandidato por la libre postulación para reelegirse en el cargo en el corregimiento de Tijeras.
Igual que pasaba con los directivos de Odebrecht cuando arrasaban con contratos estatales, Jurado no habla. No respondió a las consultas de La Prensa sobre las coimas, la casa de Benicio Robinson o los cuestionados procesos de licitación en los que participa. Tampoco responde preguntas sobre el hecho de haberse convertido en uno de los contratistas más importantes del Estado.
Sin estudios
El acto público Panamericana-Cerro Punta (2018-0-09-0-04-LV-005781) fue el primero que consiguió Bagatrac en la gestión Cortizo. Publicado el 14 de diciembre de 2018, durante la presidencia de Juan Carlos Varela, el pliego de cargos obligaba a los proponentes a incluir “como obligación” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). El punto 3.1 marcaba que el EIA era requisito para dar inicio al proyecto.
La obra fue adjudicada a Bagatrac el 30 de agosto del 2019, por $84.2 millones. El contrato se firmó el 3 de octubre, y el 14 de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó la orden de proceder. A esa fecha, Bagatrac no contaba con el Estudio de Impacto Ambiental. Lo presentó un mes después, el 7 de diciembre de 2019.
MiAmbiente apuntó el dato un mes después, cuando su dirección en Chiriquí realizó una inspección a la obra. En el informe técnico 005, del 24 de enero de 2020, consta que se ordenó la suspensión de los trabajos “por no contar con la resolución del Estudio de Impacto Ambiental”.
Otra obligación establecida por el pliego para el contratista fue el desarrollo de los planos de tránsito completos aprobados por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), según el punto 38 del pliego. Al 28 de marzo de 2022, los planos no contaban con la aprobación de la ATTT, según una carta de la institución en respuesta a una consulta del Grupo Cívico de Tierras Altas.
Adjuntos
respuesta ATTT (2).pdfPor todo eso, miembros de la comunidad de tierras altas presentaron objeciones a este proyecto. También, en febrero de 2020, Donaldo Sousa Guevara, en representación de la Asociación de Derecho Ambiental, denunció ante la justicia al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y al dueño de Bagatrac por delitos contra el ambiente y de ordenamiento territorial.
Mucho antes de eso, la Comisión Evaluadora del proceso había descalificado la propuesta de la empresa de Jurado: “No cumple a cabalidad lo solicitado en el pliego”, decía en un documento compartido en el sitio de compras oficial, el 5 de junio de 2019, sobre la propuesta de diseño. La mejor calificada resultó Constructora Meco. Bagatrac quedó segunda en el ránking, delante por milésimas de punto de una vieja conocida: Odebrecht.
Las quejas
Hasta a la empresa brasilera que parió el caso más grande de corrupción en el continente -y que alcanzó con el pago de coimas a tres gestiones presidenciales, de tres partidos distintos en Panamá- le pareció un abuso. Odebrecht pidió suspender el proceso, porque la comisión “utilizó criterios subjetivos para la evaluación de la propuesta”. Y no fue la única que se quejó.
La Asociación Accidental C&C Volcán dijo que no se aplicaron “los requisitos y exigencias establecidos en el pliego”, pero Bagatrac movió sus fichas. Presentó una queja por la violación de los plazos y porque el informe de la Comisión correspondía a otro acto público. El representante de la sociedad en el trámite es la misma firma de abogados que defiende al expresidente Ricardo Martinelli en la causa Odebrecht: Sidney Sittón Abogados.
La jugada le convino. El MOP solicitó una reevaluación que fue compartida dos meses después, el 9 de agosto: Bagatrac quedó primera con 95.6 puntos. La comisión decía ahora que cumplía con los criterios de diseño, luego de que la Dirección de Contrataciones Públicas verificara el anteproyecto. Detrás quedó Odebrecht, con 94.84 puntos, y Meco de cuarta, con 92.5 puntos.
Adjudicada la obra –en agosto de 2019–, casi dos meses después, el 3 de octubre, se firmó el contrato. Recién entonces, el ministro Sabonge convocó a la consulta ciudadana. En ese acto, realizado el 15 de noviembre, en el centro de Volcán, los alcaldes llenaron de elogios a Sabonge y los residentes arremetieron contra él. Plantearon que ya no tenía sentido dar una opinión si la obra ya estaba adjudicada.
Bagatrac debía hacer la carretera en 730 días. Es decir, en dos años. Pasaron tres, ¿lo consiguió?
Una obra de nunca acabar
A finales de 2021, La Prensa hizo un recorrido por el lugar de las obras, con el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) José Donderis. Para entonces, a la nueva carretera le faltaban señalizaciones y medidas de seguridad para proteger a los usuarios.
“La carretera es un riesgo a toda hora; la calle no está señalizada y los conductores deben adivinar hacia dónde dirigirse en los diferentes tramos”, señalaba el exdirector de Sinaproc.
Ahora, tres años después de la firma del contrato, el MOP indica en la página web Contratista Visible que la obra está casi está terminada: 95.28% de avance. Si cualquiera va a la zona, lo dudaría. Residentes del centro de Volcán lo ratifican: las máquinas de Bagatrac siguen en sus calles (destrozadas), hay desvíos por todos lados e inundaciones.
El MOP lo ratificó en plena pandemia, en julio del 2020, cuando introdujo una nueva adenda para modificar el plazo: lo elevó de 730 a 1095 días calendario, es decir, un año más. Las emergencias suelen apurar los contratos y las excepciones, mas no la ejecución.
A pesar de ello, la suerte de Bagatrac siguió creciendo. Cuando la desgracia azotó Chiriquí con los huracanes Eta e Iota, Bagatrac aprovechó.
Vea mañana: Una desgracia, la suerte para Bagatrac
