La constructora Bagatrac, una de las contratistas favoritas del gobierno de Laurentino Nito Cortizo, se quedó con uno de los tres contratos para rehabilitar caminos y calles internas de la provincia de Bocas del Toro.
El pasado miércoles 12 de julio, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, adjudicó los tres contratos para la obra, dado que la licitación del proyecto se distribuyó en tres renglones.
Bagatrac obtuvo el contrato para rehabilitar las calles de Changuinola, a un costo de $23,352,905.
Mientras que el Consorcio Calles de Bocas I&C, integrado por las empresas Ininco S.A. y Constructora Urbana, se quedó con los otros dos. Uno es para rehabilitar las calles de Almirante, a un precio de $18,201,682 y el otro es para reparar calles y caminos troncales de Rambala y Almirante, a un costo de $45,207,182.
Así consta en una resolución del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicada en Panamá Compra, que tiene la firma de Sabonge.
La gran perdedora de la puja fue la constructora China Road and Bridge Corporation, que propuso rehabilitar las calles de Rambala a un costo de $44.4 millones.
Los tropiezos
El proyecto empezó con tropiezos. La licitación fue objeto de un reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que sustentó condiciones desventajosas y vulneración al principio de igualación de oportunidades y libre competencia, razón por la que la DGCP suspendió el acto por unos días y pidió al MOP que corrigiera el pliego de cargos.
La cartera a cargo de Rafael Sabonge, realizó cambios a las reglas de la licitación, pero en el camino surgió una pregunta clave: ¿está diseñado el pliego de cargos para beneficiar a alguien?
El reclamo lo presentó el ingeniero Arcelio Tejada Fernández, quien advirtió que una de las condiciones que tenían que cumplir las empresas interesadas en la obra, era la de presentar una certificación para contar con un proveedor de materiales (material selecto, capa base, doble tratamiento y mezcla de hormigón asfáltico caliente, entre otros) que debía estar ubicado en los distritos de Changuinola o Almirante, Bocas del Toro.
Con datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), sustentó que en Almirante no hay concesiones de minerales no metálicos y que en Changuinola solamente existen tres: Bagatrac S.A., Hidroecológica del Teribe, y Transporte y edificaciones del Atlántico S.A (Teasa). Eso, a juicio del denunciante, “claramente” vulneraba el artículo 33 de la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas, sobre el principio de igualdad de oportunidades, pues pone una limitación geográfica a un acto de selección de contratistas basado en tres renglones.
En Teasa, de acuerdo con datos del Registro Público, figura como accionista Manuel Ángel Gómez Robinson, pariente del diputado Benicio Robinson, influyente político de Bocas del Toro. En una entrevista dada a este medio para el reportaje titulado: Robinson, el “faraón” de las concesiones, publicada el 2 de abril de 2019, el diputado dijo que el único negocio en la provincia que está vinculado a familiares suyos es la explotación de material pétreo, arena y piedra, en el río Changuinola, concesión que está en manos de la empresa Transporte y Edificaciones del Atlántico, S.A. ( Teasa).
El denunciante argumentó además que Bagatrac era una de las empresas interesadas en la obra, por lo que en Changuinola solo quedarían dos lugares para obtener los materiales, “resultando así inevitablemente en la exclusión o desventaja de interesados en el proyecto, que al no poder contar con la certificación de haber hecho arreglos satisfactorios para contar con un proveedor de materiales aceptado, deberán decidir entre no presentar propuesta o iniciar el proceso de evaluación con seis puntos menos”.
A raíz del reclamo, el MOP modificó el pliego de cargos, específicamente hizo ajustes al lugar de donde se deben obtener los materiales. En vez de Almirante o Changuinola, se amplió a la provincia de Bocas del Toro.
Los contratos de Bagatrac
Hasta septiembre de 2022, Bagatrac, cuyo dueño es el representante de Tijeras, Alberto Jurado Rosales, acumulaba contratos por al menos $268 millones.
