El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 16 de octubre devolver a segundo debate el proyecto de ley 11, el cual busca crear el proceso de transición en municipios y juntas comunales del país.
Fue el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, quien propuso bajar la iniciativa legislativa. La devolución del documento, que estaba en tercer debate, fue avalada por 41 votos.
Dijo que dentro del proyecto hay artículos que le preocupan, por lo que acordó con el diputado proponente Neftalí Zamora, de la bancada de Vamos, volver a revisar el proyecto en segundo debate.
“Al mejor cazador se le va la liebre”, sostuvo. A juicio de Camacho, encontró cosas en el texto que podrían reñir con las normas que rigen los gobiernos locales. Indicó, por ejemplo, que se introdujo un párrafo donde se dice que salvo en casos de gastos de emergencia, el mismo deberá ser aprobado por el Consejo Municipal.
“Las juntas comunales tienen autonomía administrativa y financiera”, sostuvo. “No quiero que una ley, con buen espíritu, sea una herramienta que pueda traer una pelea después”, agregó.
Antes de la intervención de Camacho, el diputado Zamora se refirió a la conveniencia del proyecto.
Dijo que la propuesta fue consultada y validada por diversos organismos y estructuras que representan los gobiernos locales, incluyendo varias instituciones.
“Es un proyecto que no es un capricho del diputado y no fue una idea que nació únicamente de mi cabeza, fue un proyecto que se trabajó con una gran cantidad de actores”, sostuvo.
Dijo que el poder popular requiere de reformas, no para generar “una cacería de brujas” de los que salen ni tampoco para entorpecer su labor antes de que abandonen el cargo. Dijo que se requieren reformas en materia de transparencia, fiscalización y presupuesto.
Precisamente su proyecto plantea eso. Indicó que la herramienta de transición en juntas comunales lo que hace es generar aún más confianza en esas autoridades, tanto las que entran como las que salen “para poder dar esos cambios reales” en las comunidades.
Añadió que el proyecto establece un periodo de 30 días de transición entre los que salen y entran. Es dejar el proceso administrativo ordenado.
Se establece que en los municipios el alcalde saliente deje en orden un “conjunto de documentos” a la nueva autoridad, entre los cuales está el presupuesto vigente de ese momento, el reglamento interno, estructura de cargos y funciones, número de cuentas bancarias, informes consolidado de banco, copia de informes de gastos y egresos, copia de inventarios activos, lista de bienes aprehendidos, lista de funcionarios, lista de proyectos por terminar, informes de procesos legales y código de accesos a computadores.
El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, ponderó la propuesta al recordar que de esta manera podrá realizar una ordenada transición en los gobiernos locales. Recordó que el pasado 1 de julio, cuando las nuevas autoridades tomaron posesión, se registró un “desastre” en las juntas comunales y municipios.
“Que proceso más engorroso, para la ciudadanía sobre todo, que sufrieron las consecuencias de esos trámites con exceso de burocracia, y sobre todo lo que escondieron esos representantes y alcaldes en algunas juntas comunales”, dijo.
El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, aseguró que es inconveniente el proyecto debido a que a su juicio cambiaría procesos internos dentro de la Contraloría General de la República.
“Le han metido turbo a este proyecto y la verdad no le veo el sentido si va a regir de manera efectiva dentro de cinco años”, dijo.
Añadió que ve positiva la filosofía de la propuesta, pero “a mi criterio violenta el régimen interno de la Contraloría”.
