La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) determinó que no se pudo comprobar que los funcionarios del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) incurrieron en irregularidades administrativas o faltas al Código de Ética al otorgar auxilios económicos a personas allegadas al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Asamblea Nacional y otros.
Sin embargo, advirtió que de acuerdo con la Ley 6 de 2002, de transparencia en la gestión pública, toda información relacionada con el uso de fondos del Estado es de carácter pública y, por lo tanto, el Ifarhu está en la obligación de brindar información respecto al funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza.
En reiteradas ocasiones, las autoridades del Ifarhu se han negado a dar detalles sobre quiénes son los beneficiarios de las becas y auxilios económicos que otorga. Bernardo Meneses, director de la entidad hasta febrero pasado, negó la información alegando que su divulgación estaba prohibida por la Ley 81 de 2021, sobre datos personales.
Meneses renunció al puesto para hacer campaña política y participar en las primarias del PRD, que se realizarán el 11 de junio próximo. Activo miembro del colectivo oficialista, Meneses quiera una candidatura a diputado en Arraiján. En su reemplazo, el presidente Laurentino Cortizo nombró a otra perredista: Ileana Molo, delegada del partido en San Miguelito.
La decisión de la Antai está consignada en una resolución en la que le pone punto final al proceso administrativo que abrió por el escándalo de los auxilios económicos.
Un reglamento
La Antai, que dirige Elsa Fernández, también instruyó al Ifarhu para que confeccione un reglamento del programa de auxilios económicos que contenga, como mínimo, 19 elementos. Entre ellos, figura el de establecer una convocatoria pública con fechas de inicio y cierre, escoger a los beneficiarios por sus méritos académicos, establecer montos mínimos y máximos del beneficio otorgado, publicar el listado de aspirantes que cumplieron con todos los requisitos del programa, publicar mensualmente (ya sea en medios de comunicación o en la página web de la institución) los nombres de los beneficiarios y montos desembolsados del programa. Allí también se deben publicar los nombres de los que han concluido sus estudios satisfactoriamente y el de los que han interrumpido sus obligaciones.
Manuales, guías…
La jefa de la Antai también instruyó al Ifarhu para que confeccione manuales, guías, protocolos o lineamientos sobre cómo se gestionan los auxilios económicos.
Además le sugirió que utilice la tecnología adecuada para dar mayor eficiencia y eficacia a los procesos.
También recomendó que deje sin efecto la Resolución 320-2021-521 el 3 de agosto de 2021, por la cual se declara como datos confidenciales las resoluciones de comité y actas del consejo nacional del Ifarhu.
Según la Antai, los funcionarios del @IFARHU no violaron la ley en el tema de los auxilios económicos pero hizo recomendaciones y giró instrucciones por los vacíos legales que hay sobre el tema. No entendí esa. pic.twitter.com/bpwl5Bvk2F
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 20, 2023
Igualmente, la Antai emplazó al Ifarhu a que elabore un plan de acción que contenga objetivos, indicadores de progreso, resultados y plazos de cumplimiento, que permita analizar y verificar el cumplimiento de la resolución de la Antai en donde indica todos los aspectos aquí consignados.
¿Atenderá el Ifarhu estas sugerencias? Distintas voces de la sociedad civil aseguran que por ser un año preelectoral, hay que fiscalizar y pedir cuentas sobre cómo se están distribuyendo los recursos y becas de la entidad, más cuando asignará buena parte de su presupuesto de este año, precisamente, al programa de Becas de Asistencia Educativa y Auxilios Económicos. Se trata de $369.7 millones de los $442.2 millones que conforman el presupuesto total de la institución para el año 2023. La cifra es $8.5 millones más que en 2022, cuando se le asignó $361.2 millones.
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El pasado miércoles, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, salió a relucir el carácter de “botín político” que tiene el Ifarhu para los diputados. El presidente de la comisión, Benicio Robinson, aseguró que esta entidad había pasado “de Arraiján a San Miguelito”, en referencia a los circuitos electorales de los últimos tres directores. Antes de Meneses, la entidad estaba en manos de Yesenia Rodríguez (en el gobierno de Juan Carlos Varela), hoy diputada del Partido Panameñista, por Arraiján. Y ahora está bajo la dirección de Ileana Molo, de San Miguelito, precisamente copartidaria de Robinson, presidente del PRD.
Por último, la Antai ordenó el cierre y el archivo del proceso administrativo. Esta investigación surgió luego de una denuncia del abogado Ernesto Cedeño, a raíz de la distribución a discreción de los auxilios económicos, escándalo que surgió a finales de octubre de 2022.
Algunos de los que han recibido auxilios económicos son Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien fue beneficiado con un desembolso de $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); Estefanía Guardia ($99,478), exnovia del diputado Juan Diego Vásquez, y María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Meneses. El escándalo salió a relucir por una investigación del medio digital Foco Panamá.
