Lo que era un secreto a voces marcó la agenda en la primera semana del gobierno que lidera el presidente José Raúl Mulino: denuncias de “botellas” en la planilla de varias entidades públicas, incluyendo la Asamblea Nacional y gobiernos locales.
Estas revelaciones sobre aquellas personas que reciben un salario sin asistir a trabajar han generado indignación y descontento entre la ciudadanía, que demanda transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. En respuesta, autoridades del gobierno han prometido investigaciones exhaustivas y acciones firmes para erradicar esta práctica y restaurar la confianza en las instituciones.
También se conoció de un patrón en varias juntas comunales, en el cual los nuevos ediles se encontraron con que todos los registros contables habían sido borrados. Algunos denuncian que esto se dio en las juntas comunales de Pueblo Nuevo, Chilibre y San Francisco.
Las denuncias
En una reciente entrevista con este medio, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, subrayó que lo primero que van a hacer es pasar lista. “Ese pasar lista significa que todo el que no esté trabajando va para afuera. Eso es una decisión prioritaria. El que no está trabajando debe ser destituido de forma inmediata”, acotó.
Orillac pidió a aquellos que tengan la oportunidad de presentar su renuncia que lo hagan, “porque no queremos seguir con lo que ha sido la mística de los gobiernos pasados. No vamos a permitir botellas ni la exageración de una planilla innecesaria, que lo único que hace es crear gasto”.
Luego de esas declaraciones, figuras públicas como la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, dijeron que detectaron a 75 personas que cobraban y no asistían a trabajar.
En un recorrido por este Órgano, la presidenta Dana Castañeda, reafirmó su compromiso asumido el 1 de julio, durante la toma de posesión, cuando aseguró que "El que no trabaja, no va a cobrar”. Estas declaraciones se dan en el marco de una auditoría sobre el recurso humano. pic.twitter.com/Imp2JqRAYe
— Asamblea Nacional (@asambleapa) July 4, 2024
Lo mismo hizo el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, quien afirmó haber identificado la eliminación de unas 75 plazas, lo cual conlleva un ahorro mensual de 56 mil dólares. Además, dijo que planea depurar más de 2 mil puestos temporales, lo que equivaldría a un ahorro adicional de 2.1 millones de dólares al mes.
En 2019, José Luis Fábrega recibió la Alcaldía de Panamá con una planilla de 3,564 funcionarios, entre permanentes y eventuales. En mayo de 2024, ya eran 6,380 empleados; es decir, entre 2019 y 2024, la planilla creció un 79%.
"Todas las botellas van por fuera. El que no trabaja no cobra"
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 2, 2024
El alcalde Mayer Mizrachi @Mayer en su discurso de toma de posesión
Reseña: https://t.co/zcKeDI5WOL
Directo: https://t.co/9ohxpn1Ro5
Juntas comunales
En un descubrimiento sorprendente, el representante de Chilibre, Josimar Camaño, se topó con una situación inquietante: de una planilla de 500 trabajadores, solo 30 se encontraban físicamente en sus puestos de trabajo.
“Con respecto a la planilla que estaba asignada para la junta comunal, superaba las 450 personas; casi 500 personas estaban nombradas. Y cerca de 170 personas eran permanentes”, aportó.
Para sorpresa de Camaño, el pasado 2 de julio, cuando ingresaron a la junta comunal, esperaba la presencia de los 170 trabajadores permanentes, pero solamente han llegado, en estos últimos días, entre 25 y 30 personas de las que están en la planilla permanente.
Tanto en esta junta comunal como en las de San Francisco, Parque Lefevre y Pueblo Nuevo hay denuncias porque borraron información de los sistemas contables. Incluso, en el caso de San Francisco, la edil Serena Vamvas presentó una denuncia penal.
⚠️ACTUALIZACIÓN⚠️
— serenavamvas (@serenavamvas1) July 3, 2024
A continuación quisiera hacer de conocimiento público situaciones que nos conseguimos ayer al finalmente poder ingresar a las oficinas y sistemas de la Junta Comunal de San Francisco 🧵
Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo, denunció en su cuenta X que todo el sistema contable de la junta comunal fue borrado el 26 de junio de 2024, sin embargo, una vez su equipo llegó al cargo ha recuperado todos los archivos.
El factor común en estos gobiernos locales es que eran controlados por ediles con varios períodos en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático.
A diferencia de las juntas comunales anteriores, en otros corregimientos como Tocumen, Don Bosco y Bella Vista, el proceso de transición se desarrolló sin reportar anomalías.
En este momento nos encontramos restableciendo todo el sistema contable que fue borrado el 26 de junio de 2024, un día antes de la prevía entrega de la Junta Comunal. En este restablecimiento de data recuperaremos todos los archivos que fueron borrados. pic.twitter.com/nFQqYqPl75
— AL (@ALplena) July 4, 2024
Incremento de planilla
Al 30 de abril, la planilla del Estado cerró con 258,266 funcionarios, de los cuales 234,964 eran permanentes y 23,302 eventuales, correspondiendo 167,683 al gobierno central y 90,583 al sector descentralizado. La cantidad de funcionarios registrados en abril supera en 8,646 trabajadores el número reportado en igual mes del año pasado.
En julio de 2019, cuando el expresidente Laurentino Cortizo asumió las riendas del país, la planilla estatal estaba conformada por 238,248 funcionarios, que representaron el pago de 349.5 millones de dólares, un incremento de 84.6 millones de dólares mensuales al contrastarse con los números del primer trimestre de 2024.
El propio mandatario José Raúl Mulino lo advirtió en campaña: “Los servidores públicos que verdaderamente trabajan duro conmigo pueden estar tranquilos. Voy a gobernar con los mejores, vengan de donde vengan. Pero las botellas conmigo no tienen ningún chance. Simplemente no van”.
Las estimaciones
Esto también fue denunciado por varios excandidatos a la presidencia de la República, como Rómulo Roux, de la alianza entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista, así como Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino.
Si bien no hay una cifra oficial de aquellas personas que cobran sin trabajar en las entidades del Estado, tanto Lombana como Roux, durante la campaña, dieron a conocer algunos números sobre lo que podría estar ocurriendo con la planilla estatal.
Por ejemplo, Roux se refería a unas 48 mil botellas en la planilla estatal, mientras que Lombana estimaba que eran entre 15 mil y 20 mil.
En lo que sí coincidían ambos era que eliminando a aquellas personas que cobraban en el Estado sin trabajar se podrían estar ahorrando unos 500 millones de dólares.