“Esta mañana presenté mi renuncia al cargo”. Con estas palabras, Félix Sánchez informó que dejaba el puesto de director regional de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en Bocas del Toro, debido al escándalo generado por la funcionaria que acudía a esa institución vestida con bata de estar en casa para firmar su asistencia y luego se retiraba sin trabajar. Es decir, era una ‘botella’.
“Pasé una semana difícil”, aseguró el exfuncionario a periodistas que lo interrogaron sobre el tema este lunes 18 de noviembre en Changuinola. Manifestó que, por este hecho, hasta el viernes pasado se habían destituido a tres personas.
Cuando le consultaron si le pidieron el puesto, contestó: “aquí hay de todo…creo que elegí la dirección más correcta”.
La hazaña de la mujer que iba a firmar pero no a trabajar quedó registrada en un video que dio vueltas en las redes sociales la semana pasada. El hecho sucedió en Changuinola, Bocas del Toro. Hasta el momento no se ha hecho publico el nombre de la mujer.
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En un comunicado, la Anati informó el pasado viernes 15 de noviembre que desvinculó a las personas responsables de los hechos expuestos en las redes sociales. La entidad añadió que la decisión se tomó luego de una investigación interna.
En seguimiento a la investigación relacionada con una denuncia sobre una excolaboradora y cumpliendo las instrucciones del Presidente José Raúl Mulino, hemos procedido a desvincular a las personas responsables de los hechos expuestos recientemente en redes sociales. pic.twitter.com/lvmuGdMZiA
— ANATI PANAMÁ (@anatipma) November 15, 2024
Con esa acción, la entidad acató la orden que dictó el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal. “Ya la mandé a botar, la de la bata ya la mandé a botar”, dijo Mulino cuando una periodista le consultó sobre el caso.
Félix Sánchez también se refirió a la persona que publicó el video “es un funcionario del Mides (Ministerio de Desarrollo Social)”, aseguró.
“Y aquí es el héroe de esta historia. Y puede que salga mejor premiado y posiblemente tenga mejores cargos por el trabajo que hizo”, añadió.
El tema de fondo: las botellas
El asunto trae a debate un viejo mal de los distintos gobiernos: las botellas, práctica que implica no solo el despilfarro de recursos públicos, sino que afecta el funcionamiento del Estado. En junio de este año, antes de asumir el gobierno, Mulino aseguró: “las botellas no tienen chance conmigo”. Lo dijo a propósito de la inflada planilla estatal que dejó el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y las finanzas públicas en rojo.
Oficialmente no hay cifra de los que cobran sin trabajar en las entidades del Estado. En la pasada campaña electoral para los comicios del 5 de mayo, algunos de los candidatos presidenciales se animaron a lanzar algunos números.
Rómulo Roux, quien representó a Cambio Democrático y el Partido Panameñista, habló de “unas 48 mil botellas en la planilla estatal”. Ricardo Lombana, quien cargó la bandera del Movimiento Otro Camino, habló de entre 15 mil y 20 mil.
De acuerdo con datos de la Contraloría General del Estado, en agosto pasado, la planilla estatal tenía 260,830 funcionarios, de los cuales 235,650 son permanentes y 25,180 eventuales. De estos, 169,221 corresponden al gobierno central y 91,609 al sector descentralizado.
Esos números implicaron un desembolso de $430.8 millones.
En la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley que sanciona con cárcel a las botellas. Esta iniciativa legislativa fue presentada por la diputada independiente Janine Prado, jefe de bancada de Vamos.
Los años de cárcel que propone van de uno a tres, según sea el caso.
