Cada año, entre $13 y $14 millones del Seguro Educativo se destinan a programas de educación y capacitación sindical a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Sin embargo, el manejo de estos fondos ha llamado la atención de la Contraloría General de la República, que recientemente anunció el inicio de una auditoría para evaluar su correcta administración. La revisión busca esclarecer si los recursos han sido utilizados conforme a su propósito y garantizar la transparencia en su asignación.
El pasado 15 de enero, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, advirtió que la entrega de los fondos de capacitación sindical estará sujeta a condiciones más estrictas, exigiendo a los sindicatos la presentación oportuna y adecuada de los informes correspondientes.

Según la funcionaria, muchas de estas rendiciones de cuentas no se entregan en tiempo ni en la forma estipulada por la normativa vigente, que incluye la obligatoriedad de facturación electrónica. En aquella ocasión, Muñoz recalcó que los sindicatos que no presenten sus reportes no recibirán desembolsos, mientras que quienes lo hagan deberán ajustarse a los requisitos legales.
La auditoría
Posteriormente, la Contraloría anunció esta semana la realización de una auditoría para determinar la correcta administración de los fondos del Seguro Educativo, específicamente aquellos destinados a la “capacitación sindical”, en el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024.
Si se toma en cuenta que, en este período de 12 años, se han entregado entre $13 y $14 millones anuales para capacitación sindical, la Contraloría deberá auditar el uso de entre $156 millones y $168 millones.
“Como ente fiscalizador, la Contraloría llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, los auditores realizarán entrevistas, designarán peritos y efectuarán las inspecciones que sean necesarias, aplicando las normas, pruebas técnicas y procedimientos de auditoría instituidos por la ley”, señaló la institución en un comunicado.

Los fondos de capacitación son gestionados por Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). Posteriormente, estos recursos son entregados a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores.
Esta no es la primera vez que se anuncia una auditoría sobre el uso de estos fondos. En 2009, cuando la ministra era Alma Cortés, también se llevó a cabo una revisión.
Además, la decisión de auditar los fondos destinados a los sindicatos surge luego de las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien anunció una revisión exhaustiva de los recursos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) recibe de diversas entidades gubernamentales.
Mulino advirtió que la Contraloría no autorizará ningún desembolso a esta ni a ninguna otra organización sindical hasta que concluyan las auditorías. El mandatario fue enfático al rechazar el uso de fondos públicos para lo que calificó como “subvención de la anarquía”, señalando que estos recursos provienen del bolsillo de los panameños y deben ser manejados con transparencia y responsabilidad.
Actualmente, en Mitradel hay más de 400 organizaciones sindicales registradas que, de alguna manera, se benefician de estos recursos. Se consultó a la entidad cuánto recibe cada sindicato, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta. Este medio pudo conocer que la distribución de los recursos depende de la cantidad de afiliados a la organización sindical.
El uso
La dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Nelva Reyes, defendió el uso de los fondos del Seguro Educativo destinados a la capacitación sindical, asegurando que estos recursos provienen directamente de los trabajadores y no del gobierno.

Según explicó, el 5% del Seguro Educativo se asigna a la formación que imparten los sindicatos, distribuyéndose en un 60% para programas educativos y un 40% para gastos administrativos. La dirigente enfatizó que estos fondos deben ser entregados conforme a la normativa vigente y no a discreción del Ministerio de Trabajo ni del presidente de la República.
Reyes también destacó la importancia de la capacitación sindical, señalando que la CGTP organiza al menos tres seminarios al mes en los que se abordan temas clave para los trabajadores, como sus derechos y deberes según el Código de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el caso de la CGTP, esta forma parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), donde convergen seis centrales sindicales y tres federaciones. No obstante, Reyes aclaró que cada organización mantiene su autonomía en la gestión de sus recursos y actividades.
Por otro lado, el Suntracs es parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), lo que implica que los fondos destinados a su capacitación y funcionamiento deben ser gestionados a través de esta última organización.

Así se distribuye el Seguro Educativo
Del 73% del Seguro Educativo asignado anualmente, la mayor parte, un 58%, se destina a becas y préstamos para estudiantes. Otros rubros incluyen la formación profesional (14%), la educación sindical (5%) y la educación agropecuaria (6.5%).
Además, el 6% se dirige a SerTv, el 3% a educación continua, el 1.5% a educación dual y el 1% a la capacitación gremial docente, reflejando una distribución enfocada en diversas áreas de formación y apoyo educativo.
El otro 27% del Seguro Educativo se destina al Fondo Especial de Compensación Educativa (FECE) y se distribuye de la siguiente manera: el 94% se asigna a la Cuenta Fondo Especial de Educación, utilizada para mejorar la infraestructura y los recursos en escuelas públicas; el 4% se destina a la capacitación docente, mientras que el 2% restante cubre los costos administrativos del FECE, garantizando su operatividad.