Un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) impulsa un proyecto de ley que exime de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de la Contraloría General de la República que tienen el deber de controlar y fiscalizar fondos o bienes públicos.
Se trata del proyecto de ley 907 que actualiza, suprime y adiciona artículos a la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (orgánica de la Contraloría) y modifica la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas (Fiscalía y Tribunal de Cuentas).
El documento, propuesto por Crispiano Adames, presidente de la Asamblea; junto a sus colegas Leandro Ávila y Ricardo Torres, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2022 pese a las advertencias de los magistrados del Tribunal de Cuentas (Alberto Cigarruista, Rainier Del Rosario y Álvaro Visuetti) en el sentido de que quitarle responsabilidad a los fiscalizadores constituye un grave error, porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción.
El Tribunal de Cuentas es el encargado de “juzgar las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades”. Es decir, en conjunto con la Fiscalía de Cuentas, juzga irregularidades que impliquen apropiación, pérdida o menoscabo de los fondos y los bienes públicos, en vista de acciones u omisiones de todos aquellos servidores públicos o particulares que, en su caso, los reciban, los recauden, los manejen, los inviertan, los paguen, los administren, los cuiden, los custodien o los controlen, los aprueben, los autoricen, los paguen o los fiscalicen.
Favorece a la corrupción
Al quitar los verbos “controlar” y “fiscalizar” de la norma citada se estaría eximiendo a estos funcionarios de responsabilidades patrimoniales, lo que, a juicio de Cigarruista, favorecería el clima para la corrupción. “¿Qué harán, se cruzarán de brazos mientras se roban el país?”, se preguntó el magistrado tras aclarar que cuando se enteraron que en la Asamblea se discutiría esta propuesta, la dirección colegiada del Tribunal se reunió y decidió “autoinvitarse” al primer debate de este 19 de octubre.
Dijo que como tribunal ellos intentan recuperar 215 millones de dólares que servidores públicos y particulares han desviado del patrimonio público. Desde malversación de fondos destinados a letrinas y escuelas ranchos hasta componendas para permitir que se venzan las fianzas.
Su colega Del Rosario reforzó la necesidad de que se busque una redacción para tratar de atenuar el impacto negativo que tendría esta decisión si pasa el segundo y tercer debate y el presidente, Laurentino Cortizo, la sanciona. Del Rosario dijo que no se puede quitar responsabilidad al funcionario porque generalmente la primera línea de defensa de los imputados es que la Contraloría les refrendó el contrato. Además, explicó que si quitan los verbos “controlar” y “fiscalizar” de la ley ni el director de Recursos Humanos podría fiscalizar que los funcionarios lleguen a la hora al trabajo ni el director de Transporte podría evitar que los funcionarios no abusen del uso del combustible.
Cambios
El proyecto, que se aprobó en primer debate sin la presencia de representantes del contralor general de la República, Gerardo Solís, ni de las fiscalías anticorrupción, hace varias reformas.
Hay que recordar que una de las instituciones de control más importantes del Estado para evitar el despilfarro de fondos públicos es la Contraloría. Por esa razón el contralor es un funcionario nombrado por el poder Legislativo y solo puede ser destituido por la Corte Suprema de Justicia. Además, tiene voz dentro del Consejo de Gabinete.
El diputado Gabriel Silva destacó que la Contraloría tiene el deber de jugar un papel principalísimo en la lucha contra la corrupción y que cualquier cambio a una ley tan importante para la transparencia y la rendición de cuentas debería convocar a varios sectores. Pidió, sin éxito, que el documento pasara a una subcomisión, como se ha hecho con proyectos importantes como la extinción de dominio. No obstante, Torres dijo que cualquier cambio podría hacerse en el segundo debate con los 71 diputados y pidió a los interesados que se reunieran y enviaran sus observaciones.
Además de coincidir con los magistrados de Cuentas, Silva dijo que le preocupa un artículo que dice que el presupuesto de la Contraloría no puede ser inferior al del año anterior, ya que no es lo mismo un período fiscal en el que se organiza, por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda, que el resto de los años.
Quien sí fue invitado a la comisión legislativa fue el representante del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría, Ezequiel Garibaldi, quien además es el jefe de los fiscalizadores de la entidad. Reconoció que la iniciativa tiene el aval de la administración de la entidad. Resaltó que al sacar a los fiscalizadores y auditores como agentes de manejo muchos de sus compañeros dejarán de estar bajando y subiendo escaleras por imputaciones que, según él, no tienen razón de ser. A su juicio tanto los fiscales anticorrupción del Ministerio Público como la fiscal de cuentas, Waleska R. Hormechea, siempre terminan incluyendo a funcionarios de Contraloría en sus imputaciones cuando la responsabilidad la tiene la entidad que licita y sus controles internos. “El problema central de la administración pública de la República de Panamá es el cumplimiento del control interno de cada una de las instituciones”, remarcó.
¿Blindaje?
Según los diputados proponentes, fuera de la reforma de 2008 que creó la jurisdicción de cuentas, la ley de la Contraloría lleva 42 años sin cambios. De hecho, tiene términos que no se corresponden con la realidad como Ministerio de Hacienda y Tesoro y Consejo General de Estado.
Esos puntos serían corregidos, pero además se propone dar estabilidad laboral a los cerca de 4 mil funcionarios de la entidad. Actualmente el artículo 9 de la Ley 32 dice que los servidores públicos que hayan laborado a satisfacción por un mínimo de cinco años continuos gozarán de estabilidad. Este período se bajaría a dos años, lo que permite, por ejemplo, que los funcionarios nombrados en la presente gestión (2019-2024) puedan tener una especie de blindaje.
