La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, promueve la derogatoria de la Ley 6 de 2002, asegurando que una nueva legislación agilizará los procesos, incorpora la tecnología y será más “garantista”.
“Se le dará respuesta de manera más pronta a cada uno de los ciudadanos que presenten una solicitud de información. Estamos hablando de 15 días hábiles; antes era 30 días”, dijo Fernández este martes 8 de agosto, en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN).
Aunque a esta instancia corresponde aprobar en primer debate el proyecto de ley 1031, que elimina la Ley 6 de 2002, Fernández estaba ahí este martes para sustentar la memoria de la Antai y no para discutir la propuesta legislativa.
La Comisión de Gobierno acordó este martes enviar la propuesta de Antai a una subcomisión, integrada por por los diputados Corina Cano, Eugenio Bernal y Luis Ernesto Carles.
Lea aquí el proyecto de ley 1031
Lea aquí la Ley 6 del 22 de enero de 2002
El proyecto 1031 incluye mucho más que lo planteado someramente por Fernández. Aquí enumeramos 10 puntos, para que el lector tenga una mejor comprensión de esta propuesta.
1. El proyecto de ley 1031 fue presentado por José Simpson, ministro de la Presidencia, el 27 de abril de 2023, según él, a fin de “modernizar y adecuar [la Ley 6] a la realidad actual”, utilizando para ello una ley modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y -según él- con la asistencia técnica de Unesco.
2. La Antai, que ni siquiera existían cuando se aprobó la Ley 6 de 2002, adquiere un rol protagonista, ya que asume el papel de entidad rectora y garante del acceso a la información pública.
3. El proyecto 1031 propone que cada entidad tenga una “unidad administrativa de transparencia” y un “oficial de información”, para recibir las solicitudes de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
4. La información podrá ser clasificada como reservada por un periodo de hasta 10 años. La ley actual permite que sea de hasta 20 años.
5. El proyecto de ley proponer reducir de 30 a 15 días el plazo de los funcionarios para proporcionar la información pública solicitada.
6. La Antai se convertiría en la principal responsable del Acuerdo de Escazú y no el Ministerio de Ambiente, como es en el presente.
7. Las denuncias por incumplimiento deberán ser presentadas ante la Antai, quien iniciará un proceso ante la autoridad que tiene la información pública requerida por el solicitante. En la Ley 6 de 2002, si la entidad no cumple con la entrega de la información, el solicitante puede presentar una acción de habeas data ante los tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia. Ahora, con el proyecto de ley, hay que ir primero a Antai y luego a los tribunales.
8. Se flexibilizan las sanciones. El proyecto de ley propone multas por hasta el 50% del salario mensual (”durante el tiempo que dure la falta”) de los funcionarios infractores. Le Ley 6, en tanto, contemplaba multas equivalentes a dos veces el salario mensual y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo.
9. La norma propuesta por Antai blinda información de los beneficiarios de programas sociales y becas, invocando la Ley 81 de 2019, sobre proyectos de datos personales. Esto imposibilitaría, por ejemplo, tener acceso a los favorecidos con becas y auxilios económicos del Ifarhu.
10. Actualmente, si el infractor es un representante de corregimiento o alcalde, el habeas data se promueve ante un juzgado municipal y, si se trata de un gobernador, se acude ante un juzgado de circuito. El proyecto 1031 elimina al juez municipal y al de circuito del conocimiento de los habeas data. Si hay alcaldes, representantes o gobernadores de dos o más provincias involucrados, la acción se presenta en un tribunal superior. ¿Qué ocurrirá en las provincias y comarcas donde no hay tribunales superiores?
